El Estado se manifiesta sobre la ICASS: "No creo que tarde mucho en decidirse"

La pelota estaba en el tejado del Estado y este ya lo ha ido a descolgar. La subdelegada del Gobierno central en Tarragona, Elisabet Romero, explica, entrevista en Diario Más, que las instituciones «se ponen a ello» para que «salga adelante» el proyecto de la Residencia de Personas Mayores de Reus, popularmente conocida como ICASS, para que pueda volver a recibir a sus huéspedes lo antes posible. Romero detalla que la Generalitat de Catalunya envió la semana pasada la información que había sido solicitada sobre el asunto, después de un segundo requerimiento, y «ahora lo están gestionando en Madrid» con el fin de «garantizar todos los procedimientos». «Están mirando todas las garantías», afirma. «No creo que tarde mucho en decidirse», expresa a la subdelegada del Gobierno español en Tarragona.

La actualización llega en un momento en que el entorno de la residencia empezaba a desconfiar del compromiso político, teniendo en cuenta que el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, había asegurado, a finales de septiembre, que, si en el plazo de un mes no se había tomado la decisión sobre cómo proceder, se incluiría el tema en la siguiente comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado. Superados los 30 días, no había «novedades», apuntó al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión. En paralelo, la consellera del ámbito, Mònica Martínez Bravo, envió en octubre una carta a Tarsicio Ros, portavoz de la Associació Residència Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública, en la que lo informaba de que ya se había solicitado en España la autorización «para el derribo del edificio» y «estamos a la espera de su respuesta para tomar una decisión definitiva». Martínez Bravo confiaba recibir respuesta «en los próximos meses», una expresión que había hecho saltar las alarmas. «No especifica si son meses de este año, de lo que viene... Puede ser toda la vida», lamentaba Ros.

Para el futuro de la residencia, hay dos opciones sobre la mesa. La primera sería derribar el edificio y construirlo de nuevo, la alternativa prioritaria y óptima para el ejecutivo catalán, ya que permitiría desarrollar «un equipamiento de más calidad»,«adecuado a la nueva normativa», con una atención más personalizada y, además, «acelerar el proceso de reapertura» y «optimizar los recursos públicos», según detalla la consellera a la carta enviada a Rubio. La otra propuesta sería reformarlo y rehabilitarlo, si bien el coste ascendería hacia los 19,5 millones de euros.