La Residencia ICASS continúa sin «novedades» un mes después

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, aprovechó su visita institucional a Reus a finales de septiembre para asegurar que, si en el plazo de un mes no se había tomado la decisión sobre cómo proceder con la Residència de Gent Gran de Reus —la ICASS—, se incluiría en la siguiente comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado, que es el propietario de los terrenos y, en consecuencia, quien tiene que mover ficha. Sobre la mesa, dos opciones: derribar el edificio y construirlo de nuevo —la opción que prioriza al ejecutivo catalán— o reformarlo y rehabilitarlo. Pasado el plazo, «no tenemos novedades», apuntan fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión. El entorno ya desconfía del avance del proyecto.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, envió el 9 de octubre una carta a Tarsicio Ros, portavoz de la Associació Residència Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública, en que lo informaba de que el Departamento ya había solicitado al Gobierno de España la autorización «para el derribo del edificio y estamos a la espera de su respuesta para tomar una decisión definitiva sobre cuál de las dos opciones saldrá adelante». Martínez Bravo confiaba recibir respuesta «en los próximos meses». «En caso de que los plazos se alarguen excesivamente, se tratará el tema en la comisión bilateral», concluía.

A pesar de reiterar «el compromiso firme de garantizar en Reus una residencia 100% pública y adaptada a los estándares de calidad», el apunte de los «próximos meses» ha encendido las alarmas. «No especifica si son meses de este año, de lo que viene, del otro... Puede ser toda la vida», expresa Ros. «Estamos cansados», cierra.

Ante esta situación, la junta de la asociación ha enviado una misiva al secretario general del Departamento, Raúl Moreno, quien se reunió con sus representantes a principios de octubre para informarlos de las dos opciones que había sobre la mesa para la residencia, para pedirle un documento firmado ante notario «donde se deje muy claro que tanto las admisiones como la gestión sea totalmente pública 100%», así como que se garantice la incorporación de los trabajadores y se priorice el retorno de los residentes que ya había. «Si no es así, la asociación continuará la lucha denunciando, reclamando y haciendo todas las acciones pertinentes para conseguir nuestros derechos, que ya teníamos cuando nos expulsaron el año 2024 de nuestra residencia», concluye el escrito. «Esperamos que conteste», manifiesta Ros.

Al cierre de la edición, ni el Gobierno central ni el Ayuntamiento de Reus han respondido las preguntas de Diari Més sobre el estado del asunto.