El testimonio de un reusense con enfermedad crónica: «Que no me queden opciones me hace pedir la eutanasia»

Pere Puig tiene 54 años. Vecino de Reus, sufre «una enfermedad grave y crónica que los médicos no pueden tratar porque tengo intolerancia a quince fármacos diferentes; mis patologías no tienen solución médica». «Estoy imposibilitado para hacer cualquier tipo de tarea cotidiana: no puedo limpiar, cocinar, ni hacer nada», señala. «Estoy en un punto límite, mi situación vital es insoportable», comparte. El sufrimiento constante y la falta de tratamientos efectivos lo llevaron a solicitar el derecho a morir dignamente en dos ocasiones. Fue rechazado. Tampoco se le han concedido curas paliativas para aliviar la carga. «He llamado a todas las puertas que tenía que llamar», apunta.

La ley orgánica de regulación de la eutanasia concreta que tienen derecho a solicitar la ayuda para morir las personas que sufran «una enfermedad grave o incurable» o bien «un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante». La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) analizó la reclamación de Puig ante la segunda negativa. El órgano «no pone en duda el sufrimiento psíquico e insoportable que manifiesta el reclamante, y que siente que su vida no es digna en estos momentos». Con todo, concluye que «el reclamante tiene un sufrimiento grave y crónico, pero este no es imposibilitante», que «no produce limitaciones sobre su autonomía física ni de las actividades de la vida diaria que haga que no pueda valer por sí mismo» y que «no presenta una enfermedad que tenga un pronóstico de vida limitado». En consecuencia, «no cumple con los requisitos de contexto eutanásico».

«He llamado a todas las puertas y me las han cerrado en los morros. No hay solución. ¿Qué se supone que tengo que hacer»?, se pregunta Puig, que comenta que, por ejemplo, necesita ayuda para ducharse o para ponerse de pie. «Tengo 54 años y parece que tenga 90, el deterioro físico es brutal», dice. La respuesta llegó en marzo del presente 2025 y «yo sigo empeorando». «Yo cumplo los criterios para la eutanasia, es así», considera.

Su periplo empezó en 1997. «Desde entonces, me han diagnosticado un montón de cosas que después han desdiagnosticado, no saben qué me pasa», explica. La CGAC atribuye el diagnóstico principal a un trastorno de personalidad con rasgos  obsesivos, pero el vecino de Reus reclama que «no nos cuadraba a nadie». No hay una explicación clara del porqué de su malestar. «No saben qué me pasa», reitera.

En el 2006, se le decretó un grado de disminución del 68%, a raíz de un trastorno límite de la personalidad y un trastorno obsesivo-compulsivo «que después me desdiagnosticaron». En el 2012, los síntomas se agravaron y, en el 2023, se convirtieron en insufribles. «Hace casi tres años que paso todo el día en la cama, con ansiedad las 24 horas, ataques de pánico diarios, nula actividad física y social, agorafobia grave, pérdida de masa muscular, casi no me puedo mantener de pie, dolor crónico...», menciona.

Puig explica que ha llegado a pedir el alta médica del seguimiento porque «sencillamente se han acabado todas las opciones». «La única opción que me daban de tratamiento era ir unas horas por la mañana en un hospital de día, pero no me puedo desplazar porque tengo agorafobia y ansiedad severa, y no me pueden medicar», relata. «He hecho tratamientos con medicaciones muy bestias, pero me han llegado a hospitalizar por intolerancia; lo he intentado absolutamente todo y no hay manera», declara. «El hecho de que no me queden opciones es lo que me hace pedir la eutanasia», concluye.

Ante esta situación, solicitó derivación a curas paliativas y atención domiciliaria, pero sus peticiones tampoco se aceptaron, afirma. ¿«Si me deniegas la eutanasia, por qué me niegas curas paliativas? Es un pez que se muerde la cola. ¿Qué solución tengo»?, lamenta.

Contactada al respecto, la asociación Derecho a Morir Dignamente se muestra abierta a escuchar el caso de Puig y asesorarlo y acompañarlo en consecuencia.