La oposición lamenta la pérdida de plazas públicas en Tarragona y exige al Ayuntamiento que se plante ante la Generalitat

Los grupos municipales de ERC, en Comú Podem y Junts por Cataluña expresaron ayer su preocupación por la planificación educativa del curso 2026-2027 en Tarragona, criticando la gestión del Departamento de Educación de la Generalitat en el proceso de preinscripción escolar, que arrancó el miércoles para los grupos de Infantil y Primaria.

Les tres formaciones coinciden en denunciar el cambio «repentino» de la zonificación y la reducción de plazas públicas, especialmente después del anuncio del cierre de líneas de I3 en la Escola Pràctiques y a la Escola El Miracle.

Desde de ERC alertan también de la falta de plazas en los institutos públicos del centro de la ciudad. Según los republicanos, hasta 72 alumnos procedentes de primaria podrían quedar fuera del circuito público en el paso hacia la ESO si no se abren nuevas líneas a los institutos Tarragona, Pones de Icart y Martí i Franquès. «Tenemos que mantener o abrir líneas allí donde haga falta y hacerlo compatible con la reducción de las ratios para ofrecer un servicio de calidad a nuestros niños», afirmó ayer la consellera Gemma Fusté en una atención a los medios. Así, la formación considera que la situación puede acabar favoreciendo la segregación escolar, así como obligar familias a llevar a los hijos a centros concertados o lejos de su barrio.

Fusté también criticó que la decisión se haya tomado «pocos días antes de empezar las preinscripciones», cuando muchas familias ya habían visitado centros durante las jornadas de puertas abiertas y tenían decididas sus opciones. «Hacer una preinscripción ya es un proceso complejo para cualquier familia y estos cambios de última hora generan angustia y desconcierto», señaló. El conseller Jordi Fortuny también reclamó una planificación educativa «de ciudad» y con diálogo con la comunidad educativa.

Ante esta situación, el grupo parlamentario de ERC ha registrado a una batería de preguntas en el Gobierno de la Generalitat para pedir explicaciones. También cuestionaron la implicación del alcalde Rubén Viñuales, pidiendo una «actitud activa». «¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está este supuesto gobierno de izquierdas que tendría que velar por la educación y la sanidad pública? Vemos con preocupación que eso no está pasando», lanzó Fortuny.

«Desequilibrio» de plazas

En Comú Podem, por su parte, alerta que el proceso de preinscripción puede marcar «un punto de inflexión» en el sistema educativo de la ciudad. Según afirma la formación, se trata de la primera vez desde la recuperación de la democracia de que hay niveles educativos en Tarragona con más plazas concertadas que públicas. El grupo atribuye esta situación a las decisiones de planificación del Departamento de Educación y calculan que el ajuste de ratios y la reorganización de la oferta educativa supondrán la pérdida de un centenar de plazas públicas, el equivalente aproximado a cinco líneas.

También critican que los cambios se hayan hecho de «forma unilateral» por parte de la Generalitat pocos días antes de la preinscripción y denuncian una «evidente pérdida de peso del Consejo Escolar Municipal». Como ERC, reclaman que el Ayuntamiento «asuma un papel más activo ante la Generalitat» y defienden que «la coordinación institucional no puede significar sumisión». «Si la Generalitat decide y el Ayuntamiento acata, la ciudad queda sin capacidad real de incidir en decisiones en que afectan centenares de familias», señalan.

Además, alertan de desequilibrios territoriales en la oferta de plazas. Ponen como ejemplo la zona educativa 2, donde aunque los datos de padrón apuntan a un déficit de plazas públicas se ha eliminado una línea en la Escola Pràctiques. Además, de las 17 plazas ofertadas para el próximo curso, indican, 14 ya estarían reservadas por hermanos de alumnos escolarizados, hecho que deja sólo tres plazas disponibles para nuevas familias. Ante esta situación, la formación plantea estudiar alternativas para reforzar la oferta pública, como la activación de nuevas líneas en aquellas zonas donde se detecta más demanda.

Junts también denuncia la «improvisación» por parte del Departamento de Educación y considera que los cambios en la zonificación y la reducción de líneas se han hecho «de espalda en la ciudad». «Entendemos y hacemos nuestros las preocupaciones de los padres y madres que ahora se encuentran en un callejón sin salida por este descontrol originado por la Generalitat», afirma el portavoz del grupo municipal, Jordi Sendra, que exige, al mismo tiempo, que el Ayuntamiento «se plante ante de la Generalitat». 

Además, defiende que el debate educativo no se tiene que convertir en un «enfrentamiento entre la escuela pública y la concertada», ya que «el modelo educativo catalán se tiene que basar en la coexistencia de los dos sistemas» y «tampoco podemos permitir que por la mala gestión de la Generalitat socialista la escuela concertada tenga que pagar las consecuencias».