Tarragona ultima los preparativos por el arranque de la ZBE con desconfianza de los comerciantes

Tarragona pondrá en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el 31 de diciembre. Durante el primer año de vigencia afectará únicamente a los vehículos de fuera de la ciudad que no dispongan de dispositivo ambiental y progresivamente se irán aplicando nuevas restricciones hasta el 1 de enero del 2028, cuando los vehículos con etiqueta B dejen de tener libre acceso a la ZBE.

La asociación de comerciantes La Vía T expresa temor por la afectación que la medida pueda tener en los negocios y una plataforma ciudadana ya ha hecho diferentes movilizaciones en contra. La consejera de Movilidad, Sonia Orts, afirma a ACN que la medida se tiene que aplicar por imperativo europeo y que hay «una gran diversidad de excepciones» que reducirán el impacto.

En los últimos días se han estado instalando las cámaras lectoras de matrículas en los puntos de entrada de la zona restringida y se han hecho los trabajos de pintura en el asfalto para indicarlo a los conductores. El área delimitada incluye las calles dentro del perímetro formado por avenida Vidal i Barraquer, avenida Argentina, avenida Catalunya, calle Reina Maria Cristina, paseo Torroja, paseo Sant Antoni, vial William J. Bryant, paseo de Espanya, calle Comerç y Moll de Costa. Las vías perimetrales no tienen restricciones.

La ZBE afectará de entrada a los vehículos que no estén domiciliados en Tarragona y que por sus características no dispongan de etiqueta ambiental, y habrá que respetarla los laborables de lunes a viernes, de siete de la mañana a siete de la tarde. Sin embargo, hay previstas una serie de excepciones con las que se podrá solicitar un permiso. Entre estas hay las personas con movilidad reducida, con rentas bajas, vehículos históricos o vehículos profesionales, entre otros. También se podrán otorgar hasta 12 autorizaciones anuales para aquellos casos que no cumplan ningún requisito. Las personas de fuera la ciudad que vayan directamente a alguno de los aparcamientos soterrados de dentro de la ZBE podrán hacerlo sin gestionar ninguna autorización.

En cambio, para los vehículos «empadronados» en Tarragona no habrá limitaciones hasta de aquí un año. Así, a partir del 31 de diciembre del 2026, las restricciones también se aplicarán a los vehículos de Tarragona de fuera la ZBE, mientras que para los residentes de dentro del área delimitada la normativa no tendrá efectos hasta el 31 de diciembre del 2027. A partir del 1 de enero del 2028, los vehículos con etiqueta B también tendrán que solicitar autorizaciones. Sin embargo, este último punto lo tendrá que confirmar la Generalitat, según destaca Orts. Según las estimaciones del consistorio, en la primera fase de aplicación de la norma cerca de un 20% del parque de vehículos de la ciudad sufrirá las restricciones.

Dudas de los comerciantes

El pequeño comercio de Tarragona teme que pueda perder clientes con la entrada en vigor de la ZBE. La presidenta de La Via T -entidad que agrupa establecimientos del centro de la ciudad-, Raquel Pizarro, explica que tienen dudas sobre «qué pasará con el comercio si todos estos vehículos no pueden circular por el centro de la ciudad». Además, destaca: «tenemos miedo porque los centros comerciales tendrán más facilidades de accesibilidad y aparcamiento», hecho que les podría hacer ganar clientela en detrimento del pequeño comercio de barrio.

Pizarro también pone el acento en los trabajadores, que lo podrían tener más complicado para acceder al puesto de trabajo. «No todo el mundo tiene parking propio, los precios están desorbitados, y no hay zonas de aparcamiento para todo el mundo. No sabemos exactamente qué pasará», lamenta. Por todo ello, desde la Vía T reclaman que se habilite transporte público entre los aparcamientos disuasivos que hay a las entradas de la ciudad -donde los vehículos que no puedan entrar a la ZBE tendrán que estacionar- y el centro.

La responsable municipal de Movilidad garantiza que esta petición quedará cubierta pronto: «pronto esperamos presentar y explicar toda la regulación de líneas de la Empresa Municipal de Transports, que está pensada también para que los buses desde diferentes puntos de la ciudad lleguen hasta el centro», destaca Orts. Respecto de las dudas de parte de la ciudadanía, la consejera manifiesta que la ZBE tiene «una extensión pequeña» que afecta «a una cuarta parte de la ciudad». «Lo haremos tan pedagógico e informativo como sea posible para que se respete tanto la Zona de Bajas Emisiones como la vida de cualquier autónomo y comerciante de la ciudad», expone.

También han posicionado en contra de la medida un grupo de tarraconenses que se consideran directamente afectados porque afirman que los obligan a cambiarse el coche, con el gasto económico que supone. Se han organizado como Plataforma Stop ZBE Tarragona y han hecho diferentes acciones reivindicativas, como una marcha lenta por la ciudad, el pasado 13 de diciembre. Su portavoz, Judit Trujillo, lamenta que no han podido presentar un recurso contencioso administrativo pero apunta que preparan nuevas movilizaciones.

Además, critica el consistorio por la poca previsión a la hora de informar a la ciudadanía: «han pintado las calles con medio mes de margen y han avisado los vecinos con poco tiempo», ha expuesto. Al mismo tiempo, asegura que a pesar de diferentes intentos, Sonia Orts no los ha recibido y no le han podido trasladar las dudas y quejas. «Nos dicen que quizás nos podremos reunir pasado fiestas, cuando ya se haya implementado la ZBE», indica.

En paralelo con Reus

En Reus, la medida se empezó a aplicar el 1 de diciembre, con unas características muy similares a las de Tarragona. De hecho, las dos ciudades han trabajado conjuntamente en la redacción y han unificado los horarios. Orts, de hecho, apunta que las normativas «son primas hermanas» y que las excepciones «más destacables son iguales». En la capital del Baix Camp sin embargo, la oposición social ha estado más fuerte y el Ayuntamiento de Reus está pendiente de hasta cuatro recursos contencioso administrativo contra la ordenanza, presentadas por grupos de extrema derecha y  por la asociación de comerciantes El Tomb de Reus.

En esta ciudad, además, la implementación fue más progresiva, ya que durante dos meses el consistorio probó el sistema y envió notificaciones a los vehículos afectados. Una medida que en la capital tarraconense no se ha llevado a cabo, en parte, porque la tramitación del proyecto se dilató y si el ayuntamiento no quería perder una subvención de los fondos Next Generation la tenía que implementar como máximo el 31 de diciembre, la fecha finalmente escogida.

Con todo, el 1 de diciembre se abrió una oficina y se habilitó un teléfono para resolver dudas de la ciudadanía y esta misma semana en la web municipal se ha habilitado un buscador que cruza el número de matrícula con las diferentes situaciones que contempla la ordenanza municipal, a fin de que las personas que tengan el vehículo empadronado en la ciudad reciban la información individualizada de cómo les afecta a la normativa.