El Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat llegan a un acuerdo por la EOI

El Departament d'Economia i Finances de la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona pondrán punto y final al litigio sobre los terrenos de la antigua fábrica de licores de la Chartreuse, una parte de la cual acoge los servicios de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de la ciudad. Así se expone en un acuerdo firmado por las dos partes en el que «manifiestan su voluntad de solucionar definitivamente las controversias» y «se comprometen a solicitar de manera inmediata la finalización de los procesos judiciales» que tenían abiertos desde el año 2024.

Según el texto del acuerdo, el Gobierno catalán abonará 5.988.295,28 euros en el Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas (empresa pública participada al 100% por el ayuntamiento tarraconense) en concepto de cancelación de los derechos de superficie. De esta manera, el edificio dejará de estar en régimen de alquiler para pasar a formar parte del patrimonio inmobiliario en régimen de propiedad de la administración catalana. La cantidad pactada permite resolver las diferencias en el cálculo de la cancelación, que habían derivado en litigios judiciales entre las dos instituciones, ya que se sitúa en un punto intermedio entre las dos posturas.

La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, ha agradecido la predisposición del Ayuntamiento para hacer posible el acuerdo y ha situado el diálogo como la mejor herramienta para dar respuesta a las necesidades del país. «No tiene que haber conflictos entre administraciones. Tenemos que dar ejemplo e intentar llegar a acuerdos», ha subrayado. Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que «desde el gobierno municipal, hemos trabajado siempre desde la lealtad institucional, demostrando que funciona. Ahora, por fin, hemos encontrado una solución intermedia muy satisfactoria. Y ha añadido que «con este acuerdo se ha hecho justicia». Viñuales también ha querido explicar que este ingreso «revertirá sobre la ciudad, en vivienda pública, de calidad y asequible».

Fin a los procesos judicial

El 9 de noviembre de 2010 se formalizaron el derecho de superficie sobre las fincas de la antigua Chartreuse titularidad de la Generalitat de Catalunya, a favor del Ayuntamiento de Tarragona. Este acuerdo tenía una duración de 33 años, pero a partir del octavo año a contar desde la entrega del equipamiento, la Generalitat podía abonar el coste de la construcción y cancelar el derecho a superficie. El 16 de diciembre de 2013, la Generalitat de Catalunya y el Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas S. A. formalizaron un contrato de arrendamiento.

En septiembre del 2021, la Generalitat comunicó SMHAUSA su intención de cancelar el derecho de superficie así como el contrato de arrendamiento. Pero las dos administraciones no se pusieron de acuerdo con el importe. Ante esta situación, el 30 de mayo de 2024 el Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas S. A. interpuso una demanda contra la Generalitat de Catalunya y por su parte, la administración catalana también interpuso otra contra el Ayuntamiento y SMHAUSA el día 1 de octubre 2024.

Ahora, con el acuerdo, las dos administraciones ponen fin a estos procesos judiciales y garantizan una solución estable y definitiva.