Govern y Ayuntamiento llegarán a un acuerdo extrajudicial para saldar la deuda de la Generalitat por la EOI

La Generalitat de Catalunya está ultimando un acuerdo extrajudicial con el Ayuntamiento de Tarragona para saldar su deuda por el traslado de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) en la antigua fábrica de Chartreuse. Según ha podido saber el Diari Més, la administración catalana podría abonar entre cinco y seis millones de euros, un importe que se ha estado negociando durante los últimos meses y se prevé que se concrete en las próximas semanas.

No ha sido fácil, ya que existían grandes discrepancias con respecto a cuál tenía que ser el importe final. Las diferencias se basaban, principalmente, en los intereses ligados al préstamo que tuvo que solicitar el consistorio tarraconense para financiar las obras de la EOI hace poco más de una década. La intervención iba a cargo de la Generalitat, pero el Ayuntamiento adelantó el dinero para hacer posible la remodelación de la Chartreuse, que supuso una inversión cercana a los siete millones de euros.

A cambio, el organismo autonómico cedía los derechos de esta finca a la administración local —que los asignó al Servicio Municipal de la Vivienda (SMHAUSA)— y se comprometía a pagar un arrendamiento durante 33 años, hasta el 2034, para devolver el dinero que sufragó el consistorio. El acuerdo firmado contemplaba que, a partir del octavo año, el Govern podía abonar el coste total de las obras, descontando el alquiler ya pagado, y volver a ser el propietario del inmueble.

El 29 de septiembre del 2021, la Dirección General de Patrimonio comunicó a SMHAUSA que procedería a saldar la deuda que tenía pendiente para «cancelar los derechos reales de superficie». A raíz de eso, nacieron las diferencias con el Ayuntamiento, que consideraba que el importe a liquidar por parte del ente supramunicipal tenía que ser más alto. Además, en aquel momento, la Generalitat dejó de pagar el alquiler del edificio donde se ubica la Escuela Oficial de Idiomas.

Por este motivo, el 30 de mayo del 2024, el consistorio llevó a la administración catalana a los juzgados para reclamarle más de 1,2 millones de euros en concepto de «rentas de alquiler» y «intereses de demora devengados». En este sentido, alegaban que el Govern no había procedido a la «liquidación pactada» y, por lo tanto, consideraba «vigente» el contrato de arrendamiento.

El 1 de octubre, fue la Generalitat la que demandó a SMHAUSA y solicitó el «extinción» de la cesión del derecho de superficie la Chartreuse a favor del consistorio tarraconense. Ocho meses antes, el Govern ya había consignado más de 6,7 millones de euros a favor del Servicio Municipal de la Vivienda para anular la deuda pendiente por las obras de la EOI.

Buscar el acuerdo

En los últimos meses, el Ayuntamiento y la Generalitat han estado negociando para encontrar un acuerdo que se acabará materializando en un acuerdo extrajudicial. «Tenemos ya varias propuestas sobre la mesa y todo va en la buena dirección», asegura el presidente de SMHAUSA, Nacho García Latorre. Ahora, el organismo municipal está a la espera de que el Govern dé luz verde al importe definitivo, que estaría entre los cinco y los seis millones de euros.

La idea es que este capital se destine a vivienda social, explica el consejero tarraconense, quien señala que «es una decisión que se ha tomado dialogando con otros partidos», aunque «ya era una voluntad del gobierno municipal». 

Este dinero se sumará a la partida de dos millones de euros prevista en los presupuestos del 2025, fruto del pacto entre el ejecutivo socialista y el grupo de En Comú Podem, para la adquisición de pisos de alquiler asequible. Según el acuerdo, también hay unos siete millones comprometidos para construir un bloque de 40 viviendas en un solar en l'Arrabassada.