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El Port de Tarragona saca a subasta todas sus acciones del Nàutic SA

La APT afirma que lo hace porque Puertos del Estado «recomienda limitar la participación en empresas»

Imagen de las obras de remodelación que se llevaron a cabo el año pasado en el Puerto Deportivo.

Imagen de las obras de remodelación que se llevaron a cabo el año pasado en el Puerto Deportivo.Gerard Martí

John Bugarin
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La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) ha sacado a subasta las 7.000 acciones que ostenta Nàutic Tarragona SA, la empresa concesionaria del Puerto Deportivo y que gestiona este espacio desde 1994. El valor nominal de cada una de las participaciones que tiene en propiedad la APT —que representan el 35% del capital social de la sociedad— es de 59,92 euros. El precio base de la licitación por el total de las acciones se ha fijado en 419.457 euros.

«Puertos del Estado ha recomendado a todas las Autoridades Portuarias el sistema estatal limitar su participación en empresas», explican fuentes del APT, las cuales señalan que se ha tomado la decisión de subastar estas acciones «teniendo en cuenta que no se trata de una participación estratégica desde el punto de vista de la actividad comercial del Port de Tarragona».

El plazo para la presentación de proposiciones finaliza el próximo 7 de abril, a las 14 horas. Las personas físicas y jurídicas interesadas tendrán que presentar dos sobres, uno con la información relativa a la capacidad y solvencia de la empresa licitadora, y otro con la propuesta económica.

Estos se abrirán en un acto público que se celebrará el 14 de abril, a las 12 del mediodía, en la sala de conferencias de la sede de la Autoridad Portuaria de Tarragona. Una vez realizada la subasta, la adjudicación quedará aplazada y condicionada 30 días al derecho de adquisición preferente para el resto de accionistas de la sociedad.

Hace un año, la APT pidió una valoración de sus acciones de cara a una futura venta. Lo hacía después de que los cesionarios de varios locales del Puerto Deportivo alzaran la voz para exigir la continuidad del contrato de alquiler que firmaron hace treinta años y que expiraba el 24 de marzo del 2024.

Los empresarios alegaban, aferrándose a una cláusula del convenio que firmaron, que su vigencia se tenía que alargar durante los próximos 12 años, que son los mismos que otorgó la APT de prórroga a Nàutic Tarragona SA para seguir explotando estas instalaciones.

Además, reclamaban poder negociar las nuevas tarifas «impuestas» por el concesionario, porque consideraban que eran demasiado elevadas. En algunos casos, como el de Carlos Arriola, titular del restaurante Brisa, la discusión ha llegado a los juzgados: «Presentamos una demanda contra el Nàutic hace un año y estamos pendientes de ir a juicio». El propietario del bar Coco también habría interpuesto una denuncia.

La remodelación, en duda

Entre los pocos arrendatarios que mantienen su negocio en el Puerto Deportivo, existe una gran preocupación porque «no se están cumpliendo los plazos previstos» para la remodelación de este espacio. Además, ponen en duda que la tercera fase se acabe ejecutando y temen que «todo acabe en un simple lavado de cara». Hay que recordar que la prórroga que otorgó la APT al Náutico depende del cumplimiento de unas obras valoradas en 4,7 millones de euros.

Este proyecto ha estado rodeado de polémica. En el año 2022, la Asociación de Amarristas del Puerto Deportivo de Tarragona —que representan el 5,57% del accionariado de Nàutic Tarragona SA- interpuso una demanda contra el Reial Club Nàutic —socio mayoritario con el 55,6% de la participación total— por insolvencia punible, administración desleal y delito societario.

En el 2016, la junta directiva de entonces presentó un proyecto que ascendía hasta los 3,5 MEUR. Tres años después, entró una nueva junta se gastó 40.000 euros para encargar uno nuevo, que preveía un aumento del 34% en el coste de las obras.

Los amarristas denunciaban que estas decisiones se tomaron sin informar al resto de accionistas, de que el club debe 120.000 euros a Nàutic Tarragona SA y que el estado de las cuentas es tan precario que, según la Ley de Sociedades, tendría que disolverse. La demanda fue rechazada, pero la asociación presentó un recurso de apelación que está pendiente de resolución.

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