Movilidad
El pleno de Tarragona aprueba inicialmente la creación de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad
Los votos favorables de PSC, Junts y los dos no adscritos permiten que la normativa salga adelante

Imagen del pleno de Tarragona de este viernes.
El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado inicialmente este viernes la ordenanza para la creación y gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. La normativa ha obtenido la mayoría absoluta gracias a los votos del gobierno del PSC y a los de Junts y los dos consejeros no adscritos. ERC y En Comú Podem se han abstenido mientras que PP y Vox se han mostrado contrarios.
La aprobación definitiva está prevista para junio y durante diciembre se empezaría a implementar. El texto prevé una serie de excepciones en su aplicación que ha generado discrepancias entre los grupos: unos porque la han considerado demasiado laxa y otros porque la han encontrado excesivamente restrictiva.
La ZBE de Tarragona funcionará de siete de la mañana a siete de la tarde y se ha hecho conjuntamente con la de Reus porque sean muy similares. Los vehículos que no tengan distintivo ambiental pero que estén registrados en Tarragona podrán acceder a la zona restringida y delimitada mediante un sistema de videovigilancia de 44 cámaras. También habrá excepciones por personas con movilidad reducida, rentas bajas y vehículos profesionales.
Durante el 2026, los residentes a Tarragona no tendrán ninguna restricción, y a partir del 2027, los habitantes censados a la ZBE podrán entrar y salir de la zona sin problemas. También lo podrán hacer aquellos vehículos que se dirijan a aparcamientos particulares (ya sea de propiedad, alquiler o abono) o los de uso público situados en el interior de la ZBE. El proyecto se ha adjudicado por casi 1,4 millones de euros.
El alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, ha apuntado que «es una norma por imperativo legal» y que con las excepciones y aplicación progresiva no quieren «dejar nadie atrás». En este sentido, Josep Manresa (Junts) ha defendido que «la ordenanza no tiene que ser una carga para las personas que no se puedan permitir cambiar de vehículo a corto plazo».
Desde Vox, Judit Gómez ha afirmado que la ZBE es «un ataque a la libertad de circulación y movimiento» y «una medida de control social» que «perjudica en las clases trabajadoras». Por el PP, «es innecesaria» y en la zona donde se implementará «la calidad ambiental es buena», ha asegurado su portavoz, Maria Mercè Martorell. La popular ha indicado que «la normativa europea obliga a rebajar emisiones, no a implementar la ZBE». «Que la implementación sea tan progresiva quiere decir que no es tan necesaria», ha dicho.
Finalmente, ERC y ECP han criticado la norma en el sentido contrario. Xavier Puig (ERC) ha reclamado más medidas en favor del medio ambiente como el estudio de la calidad del aire, más aparcamientos dissuassoris o una red ciclable dentro de la ZBE; mientras que Toni Carmona (ECP) reclamado «valentía» al ejecutivo municipal y que salga adelante el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y un plan de mejora del transporte público. «El gobierno ha preferido elegir los intereses de los vehículos contaminantes a la salud pública. De la Zona de Bajas Emisiones hemos pasado en la Zona de Bajas Emociones», ha espetado.
Sant Salvador
En el plenario ha asistido una representación de la Asociación de Vecinos de Sant Salvador, que presentaban una moción avalada por ERC para mejorar el estado del barrio mediante expropiaciones y posteriores aportaciones municipales. La moción se ha rechazado pero posteriormente, En Comú Podem ha presentado otra que también apostaba para solucionar problemáticas en la zona de Interblocs. Esta segunda ha recibido de todos los grupos, a excepción de ERC, que se ha abstenido. Durante el debate del texto, el alcalde Rubén Viñuales ha avanzado que han encontrado una «solución jurídica» para hacer una inversión mediante «subvenciones en especies». El alcalde ha hablado de una partida de 2 millones de euros.