La CSIF denuncia al Ayuntamiento de Reus por supuestos incumplimientos de acuerdos laborales en la Guardia Urbana

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un recurso contencioso laboral contra el Ayuntamiento de Reus por supuestos incumplimientos de acuerdos en materia laboral en la Guardia Urbana.

Desde el sindicato denuncian que el convenio colectivo no se ha publicado en el BOPT y que se han suprimido el pago de ocho semanas de permiso parenterales. También reclaman que se aplique la equiparación retributiva con los Mossos d'Esquadra.

Por otra parte, el representante de los trabajadores avisa de que el equipo de gobierno está "bloqueando" los servicios extraordinarios, de manera que no se pueden activar agentes extras en caso de que sea necesario. El gobierno municipal desmiente al sindicato y le acusa de "generar desconfianza sobre la seguridad ciudadana".

La CSIF avisa de que el ejecutivo reusense no quiere "negociar" con los sindicatos varios acuerdos firmados en materia laboral. "Hay cosas firmadas el año pasado que todavía no se han firmado", ha explicado a ACN el delegado de la CSIF en el Ayuntamiento de Reus, César Polo. Desde el sindicato señalan directamente a la alcaldesa, Sandra Guaita, y al concejal de Servicios Generales, Manel Muñoz.

El sindicato ha presentado la queja tanto al Ayuntamiento de Reus como al Departamento de Trabajo a través de un contencioso laboral, aunque el ayuntamiento asegura que todavía no ha recibido la notificación.

Denuncian que el convenio colectivo no se publicara en el BOPT y por eso consideran que se encuentra en un "limbo legal". El equipo de gobierno ha recordado que el convenio se firmó durante el anterior mandato, y que el ejecutivo de Sandra Guaita "lo ha asumido como propio y vinculante", "sin cuestionar en ningún caso su contenido" por el hecho de no haber sido publicado en el boletín.

Con respecto a la supresión del pago de ocho semanas de permiso parenterales, el Ayuntamiento dice que no había ningún "acuerdo", sino una "voluntad de proceder con este pago". No obstante, el gobierno local defiende que no se ha podido salir adelante después de que se aprobara el Real decreto 9/2025 del 29 de julio que dice que el permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla 8 años, "no tendrá carácter retribuido".

Con respecto a la equiparación con los Mossos d'Esquadra, el Ayuntamiento de Reus apunta que se llegó a un "preacuerdo" con la CSIF para impulsar unas "nuevas condiciones" de la Guardia Urbana, pero no salió adelante porque el resto de sindicatos mostraron su "disconformidad". "En ningún caso es imputable al Ayuntamiento que no se alcanzara un acuerdo con relación a esta cuestión", remarca el gobierno local a través de un comunicado.

Sin servicios extraordinarios

Uno de los puntos que también denuncia el sindicato es que se están "bloqueando" los servicios extraordinarios. De esta manera, el jefe de turno no puede activar agentes que no estén trabajando en aquel momento en caso de que fuera necesario.

El pasado 22 de noviembre hubo una manifestación de vehículos para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones. Se preveían una cincuentena de coches, pero finalmente asistieron más de 200. Polo ha apuntado que sólo había cuatro patrullas trabajando y tres se destinaron a la movilización, una coyuntura que el equipo de gobierno también niega, afirmando que hubo hasta dieciocho agentes.

La CSIF también asegura que ahora los recursos que se destinan a los servicios extraordinarios de la policía local no se aprueban desde la misma Guardia Urbana, sino que se hace desde otros estamentos del Ayuntamiento sin "conocimiento policial". "Eso comporta un gran peligro tanto para los compañeros como para la ciudadanía", remarca Polo.

Este "bloqueo" de los servicios extraordinarios también implica que no se puedan mantener las vacaciones de los agentes porque se tiene que llenar el personal, ha indicado la CSIF. Con toda esta situación, el sindicato advierte que si no se pone solución "no se podrá garantizar la seguridad" durante la campaña de Navidad en la capital del Baix Camp.