Laboral
Un pueblo de Tarragona baja el nivel de catalán en una oferta de trabajo por la presión de una plataforma
La convocatoria para dos peones de la brigada municipal ha pasado de exigir un B2 a un nivel básico de catalán

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys.
El Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys ha decidido rebajar el nivel de catalán exigido en una de sus ofertas de empleo municipal tras recibir un recurso contencioso-administrativo. La convocatoria, destinada a la contratación de dos peones de la brigada municipal, inicialmente requería un nivel intermedio (B2), pero fue retirada tras la queja legal presentada por uno de los aspirantes.
La plataforma Convivència Cívica Catalana presentó un recurso que fue admitido por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona, ejerciendo presión sobre la administración local. Ante esta situación, el consistorio modificó el nivel requerido a básico (A2) para evitar un proceso judicial largo.
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Según el alcalde, Magí Pallarès, la oferta inicial contenía una incorrección legal al estar dirigida a “personal de oficio”, lo que no permitía exigir más que un nivel básico de catalán. “Queríamos rectificar el procedimiento, porque el nivel solicitado no correspondía con las funciones del puesto”, explicó.
Los aspirantes que ya se habían presentado ahora pueden volver a optar a la oferta con los requisitos corregidos. “No pedíamos nada extraordinario, era un trabajo básico”, señaló el alcalde, destacando que la medida busca ajustar la convocatoria a la legalidad.
La plataforma Convivència Cívica Catalana mencionó otros casos similares en Catalunya, denunciando la “alta exigencia del nivel de catalán” en procesos de contratación, entre ellos convocatorias en Vic y otras localidades, donde también se cuestionó la obligatoriedad del catalán en ciertos trabajos considerados básicos.
Finalmente, el Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys cerró el caso tras la presión ejercida por la plataforma, dejando sin efecto la convocatoria inicial y adaptando los requisitos lingüísticos a las funciones del puesto. Según el consistorio, la medida garantiza tanto la legalidad como la igualdad de acceso a la oferta de empleo.