El Arzobispado de Tarragona ofrece 18 inmuebles al Gobierno para convertirlos en viviendas sociales

La Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) y el Gobierno han formalizado el convenio por el cual las diócesis catalanas cederán inmuebles eclesiásticos a la administración autonómica para que los destine a vivienda social. El acuerdo se escenificó ayer con la firma por parte del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la CET y arzobispo de Tarragona, Joan Planellas. Este protocolo permitirá cambios normativos que hagan viable esta colaboración entre ambas instituciones, sin que la Iglesia pierda la titularidad de sus bienes.

Según ha podido saber Diari Més, la archidiócesis de Tarragona ofrecerá dieciocho inmuebles para convertirlos en pisos públicos. Entre estos, hay una casa ubicada en el Vendrell, una gran sala en el municipio de Falset o un solar situado delante de la iglesia de Sant Vicenç de Castellvell del Camp. En la capital tarraconense, el Arzobispado cuenta con unos tres o cuatro pisos disponibles, algunos de los cuales necesitan una reforma importante para poder ser habitado.

Todas las propuestas de cesión que hagan las diferentes diócesis de Cataluña serán estudiadas por una mesa de trabajo que estará integrada por cinco miembros designados por la Conferencia Episcopal Tarraconense y otros cinco nombrados por la Generalitat. De estos, cuatro serán asignados por el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (dos del ámbito de la vivienda y dos del área de urbanismo); y el último será escogido por el Departamento de Justicia y Calidad Democrática (del ámbito de asuntos religiosos).

Este nuevo órgano se reunirá inicialmente una vez al semestre y «tendrá las funciones de colaborar institucionalmente, estudiar conjuntamente la creación de vivienda social con bienes de titularidad de la Iglesia católica y proponer las modificaciones normativas para que sea factible». La gestión de los inmuebles pasará en manos del Gobierno, pero las diócesis seguirán siendo las propietarias. La mesa de trabajo también velará para que los proyectos resultantes se destinen a colectivos en situación de vulnerabilidad, «con criterios de transparencia y equidad».

La duración inicial del protocolo es de cuatro años, susceptible de prórroga por acuerdo mutuo de las partes. Les cesiones, que serán gratuitas, podrían ir entre los 30 y 75 años, en función siempre de cada caso.

«Una misión de país»

«Desde siempre, la Iglesia ha tratado de paliar las indigencias sociales y la precariedad de la población», afirmó Planellas, quien valoró positivamente el acuerdo. «Casi el 25% de la población tiene algún déficit o un problema con la cuestión de la vivienda», remarcó el presidente de la CET, añadiendo que «en vez de hacer una política polarizada, tendríamos que sumar y unirnos todos por un tema que es de país».

«Es un paso adelante importando», destacó a Salvador Illa, que agradeció la predisposición por parte de las diócesis catalanas a colaborar en esta «misión de país». El presidente del Gobierno remarcó que se trata de un acuerdo «pionero» al Estado, que se enmarca dentro de una «política integral de vivienda» que incluye los topes a los precios del alquiler o la construcción de 50.000 pisos sociales hasta el 2030, entre otras medidas.