Aceptan parte de las demandas de los futuros trabajadores del Consorcio del Patrimonio

El pleno municipal estimó ayer parte de las alegaciones presentadas por el presidente del comité de empresa territorial de Tarragona de la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural (ACPC), Pere Gellebí Borràs, contra los estatutos del nuevo Consorcio del Patrimonio romano de Tàrraco. La propuesta de modificación, que hace referencia al proceso de integración del personal de la ACPC al futuro ente, ha sido analizada por el abogado Pedro Sánchez, que recomienda uno nuevo redactado parcial de los estatutos.

En concreto, se incorpora una precisión a la disposición transitoria primera sobre el diseño organizativo del Consorcio, especificando el personal que se tendrá que adscribir, sus categorías, funciones, costes y condiciones aplicables. Asimismo, se reformula la disposición quinta para dejar claro que el personal proveniente de las entidades públicas consorciadas se subrogará como personal laboral del Consorcio, pasando a situación de excedencia voluntaria respecto la entidad de origen y con pleno respeto a los derechos reconocidos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. En cambio, se ha rechazado la petición de suprimir el artículo 26.4, que determina que «las retribuciones del personal del Consorcio no pueden superar, en ningún caso, las establecidas para puestos de trabajo equivalentes a la Administración de adscripción, el Ayuntamiento de Tarragona».

«Nadie empeorará sus condiciones laborales y sus trabajos seguirán siendo los mismos», dijo ayer el consejero de Patrimonio, Nacho García. Una vez resueltas las alegaciones, se aprobó definitivamente el convenio a firmar entre la Generalitat, la ACPC y el Ayuntamiento para constituir el Consorcio.