Los edificios que se compren portanteo y retracto en Tarragona se destinarán a alquiler social

El gobierno de Tarragona (PSC) y el grupo municipal de En Comú Podem han llegado a un acuerdo por el cual todos los edificios que el ayuntamiento compre por la vía de tanteo y retracto se destinen íntegramente a hacer viviendas de alquiler social.

El portavoz de los progresistas, Jordi Collado, ha apuntado que este martes se ha firmado la adquisición de un edificio, que se suma a otros dos que se han comprado recientemente y que conjuntamente suponen una treintena de pisos. Según las estimaciones del Plan Local de Vivienda expuestas por Collado, en Tarragona harían falta unos 1.500 pisos de alquiler social para satisfacer la demanda, y ha celebrado que entre los que ya dispone el consistorio y los que hay proyectados para construir, en el 2028 se llegaría al millar.

Entre los proyectados hay los 192 que el ayuntamiento está construyendo en el barrio del PP10, que se suman a los que la Generalitat piensa levantar en diferentes ubicaciones de la ciudad en solares cedidos por el consistorio y en otros impulsados directamente por la administración local. «Se están vertiendo recursos y creo que se está haciendo trabajo en todos los niveles; tenemos que conseguir que eso cuaje», ha manifestado Collado, en el marco de un desayuno informativo con la prensa.

Desde los comunes creen que la gestión de estas viviendas se tiene que hacer desde la empresa municipal Smhausa y consideran que hay capacidad para que sea así. Asimismo, ha criticado que «la Agència Catalana de l'Habitatge lleva quince años dormida, sin hacer nada y sin que nadie espere nada de ella». En este sentido ha lamentado el estado de dejadez de algunos edificios propiedad de la Generalitat, como las Cases de Colors del barrio de Campclar. «No podemos dejar en manos de promotores privados la organización de la ciudad», ha destacado.

En este contexto, el portavoz municipal de los comunes ha destacado que este año tiene que ser clave para la redacción del POUM. No obstante, ha pronosticado que los plazos que da el gobierno municipal no se cumplirán: «creemos que será más hacia el segundo trimestre que en el primero, porque todavía no hemos tenido acceso a los documentos clave». Respecto del contenido del POUM, Collado no marca líneas rojas, si bien pone el foco en medidas relacionadas con la vivienda, como un 50% de los pisos de nueva construcción sean de protección oficial, y con el medio ambiente, como la protección de la anilla verde o la creación de un parque agrario.