SERVICIOS
FCC alega contra la multa de 270.000 euros del Ayuntamiento por la transición de la limpieza
La empresa dice que los incumplimientos se deben a requerimientos municipales «contradictorios»
FCC solicita archivar el expediente sancionador o, subsidiariamente, que sólo se considere una de las tres infracciones propuestas.
Como ya se preveía y se había anunciado, FCC Medio Ambiente ha presentado alegaciones contra una propuesta de sanción de 270.000 euros que el Ayuntamiento de Tarragona quiere imponerle por presuntos incumplimientos durante los últimos días de octubre y los primeros cuatro días de noviembre del 2025, justo antes de que finalizara el servicio de recogida de residuos y limpieza vial que la empresa prestaba en la ciudad.
El informe técnico municipal concluye que FCC dejó de realizar 154 servicios entre el 1 y el 4 de noviembre, los últimos días antes que la nueva adjudicataria, Urbaser, asumiera el contrato el día 5. Estos incumplimientos provocaron una acumulación de residuos en la ciudad que hacía tiempo que no se veía. Según los datos facilitados por el consistorio, en octubre FCC dejó de hacer 582 servicios, mientras que en los primeros cuatro días de noviembre hizo 60 de los 214 que tenía asignados.
En su escrito de alegaciones, en el cual ha tenido acceso el Diario Más, FCC argumenta que la fecha escogida para la reversión del servicio, que incluía el festivo de Todos los Santos y un domingo, fue «determinante» en las circunstancias que se produjeron. La empresa sostiene que estas fechas alteraron «la dinámica habitual de generación y recogida de residuos» y limitaron «la disponibilidad de personal y recursos». Según FCC, muchos de los servicios considerados no realizados eran «materialmente imposibles de ejecutar» porque los servicios técnicos municipales habían requerido previamente trasladar vehículos a talleres oficiales para obtener informes técnicos y pasar la ITV de toda la flota, incluso en casos donde la inspección estaba vigente. «No se puede imputar ningún incumplimiento cuando la empresa actuó siguiendo instrucciones municipales que afectaban directamente a la disponibilidad de medios», asegura la empresa.
El conflicto con Bartra
Uno de los argumentos centrales de la empresa es que el informe que fundamenta la sanción está firmado por Lídia Bartra, jefa de Gestión de Servicios Públicos del Ayuntamiento, que trabajó para FCC. La empresa cita dos sentencias del 2024 que anularon penalizaciones anteriores impuestas a la empresa porque los tribunales consideraron que Bartra se tendría que haber abstenido por falta de imparcialidad.
Por último, FCC también alega que la penalidad se está proponiendo fuera del plazo contractual. El informe técnico municipal está fechado después de que la empresa dejara de prestar el servicio. Según la jurisprudencia citada por la compañía, las penalidades contractuales tienen «finalidad coercitiva» para garantizar la ejecución del contrato y, por lo tanto, sólo se pueden imponer durante su vigencia, no después.
Pasar a una multa de 2.400 euros
Con todo, FCC solicita archivar el expediente sancionador o, subsidiariamente, que sólo se considere una de las tres infracciones propuestas por la no realización de los 154 servicios y que la infracción relacionada con la colaboración con la Intervención se considere grave en lugar de muy grave, cosa que reduciría la multa a 2.404 euros.
El Ayuntamiento de Tarragona ya preveía que la compañía presentara alegaciones a la sanción y ha descartado hacer comentarios al respecto. Esta no es la única multa que el consistorio le ha interpuesto en el último año de servicio de la empresa. A las cantidades mencionadas, hay que sumar unos 233.000 euros por el sobrecoste que le ha supuesto la situación al Ayuntamiento y que ha descontado de la factura. Con todo, décadas de servicio de FCC en la capital tarraconense han acabado con reproches mutuos y causas judiciales.