Los jóvenes tendrán 49 pisos de alquiler asequible en el PP10 de Tarragona

El consejo de administración del Servicio Municipal de la Vivienda presentó esta semana las bases para la adjudicación de las 192 viviendas de alquiler asequible de Les Oliveres en el PP10. Les bases incluyen las reservas para contingentes especiales, de esta manera se reservan 8 viviendas por personas con movilidad reducida, 49 viviendas para jóvenes hasta 35 años, 37 viviendas para personas mayores de 65 años y 12 viviendas para personas con discapacidad.

Aunque todavía las tiene que aprobar la Generalitat, estas bases ya dibujan como será el reparto de estas viviendas y los requisitos para acceder. Entre otros, habrá que estar inscrito en el registro de solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Cataluña, ser mayor de edad, acreditar una residencia en Tarragona por un periodo mínimo de dos años de forma continuada, tener la nacionalidad española o la de algún país miembro de la Unión Europea o acreditar el permiso de residencia vigente.

También hace falta acreditar que las personas solicitantes y los miembros de la unidad de convivencia no disponen de ninguna vivienda en propiedad, o estar incapacitado para obligarse contractualmente, entre otras casuísticas. Las bases también incluyen la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos generales.

El documento también fija el nivel de esfuerzo económico que como máximo puede hacer la unidad de convivencia para hacer frente al alquiler que no puede ser superior al 30% de los ingresos actuales percibidos. En este sentido, los ingresos anuales de la unidad de convivencia, correspondientes al último ejercicio fiscal disponible, tienen que ser superiores a 1,5 veces el IRSC y no superar en 4 veces el IRSC.

Cerrado el litigio por la EOI

Por otra parte, el consejero y presidente de SMHAUSA, Nacho García, explicó en el consejo de administración que la empresa «ya ha recibido por parte de la Generalitat de Catalunya los 5,98 millones de euros del acuerdo para la cancelación de los derechos de superficie de la Escuela Oficial de Idiomas».

Con este ingreso y la próxima escritura de la cancelación, el próximo 7 de enero, se cierra así el litigio entre el Ayuntamiento y la Generalitat, derivado de las diferencias en el cálculo de la cancelación, que habían derivado en querellas judiciales entre las dos instituciones. Con el acuerdo, las dos administraciones ponen fin a estos procesos judiciales y garantizan una solución estable y definitiva.

El objetivo del equipo de gobierno es destinar este importe a la construcción y rehabilitación de vivienda social, después de las negociaciones de presupuestos con el grupo municipal de En Comú Podem. Sin embargo, hará falta esperar para conocer cuántas viviendas se podrán construir y en qué zonas de la ciudad.