Laboral
La sección sindical UGT de la Agencia Catalana del Patrimonio enmienda el Consorcio de Tarraco: «No queremos perder derechos»
Exigen que los trabajadores del organismo catalán que se integren en el ente mantengan sus condiciones laborales actuales
Imagen de archivo del acto de presentación del Consorcio, celebrado el pasado septiembre.
La sección sindical UGT de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural (ACPC) —que depende de la Generalitat y gestiona el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT)— ha presentado enmiendas a los estatutos del nuevo Consorcio de Tarraco para exigir que los trabajadores del organismo autonómico que queden integrados dentro del nuevo ente mantengan sus condiciones laborales actuales y, en ningún caso, se puedan empeorar. La propuesta de modificación, que se centra en el capítulo 5, relacionado con el personal, fue registrada este martes en el Ayuntamiento de Tarragona.
«Los trabajadores de la Agencia tenemos adscrito a nuestra entidad pública el VI Convenio Colectivo Único de ámbito de la Generalitat, que ofrece unas condiciones laborales muy buenas», expone Pere Martorell, delegado de personal de UGT del Comité Territorial de Tarragona y delegado del Comité Intercentros del ACPC. Además, explica, «se está negociando un convenio colectivo propio» que prevé varias mejoras.
Nos hemos enterado de que, desde el Ayuntamiento, no tienen ni convenio y, en caso de que tengan, las condiciones son mucho peores. Obviamente, no queremos renunciar a nuestras condiciones para equipararlas en las suyas», afirma Martorell. Tal como se anunció, el Consorcio estará formado por 52 trabajadores provenientes del consistorio, 28 de la Generalitat y 9 nuevas incorporaciones. Tanto los del Museo de Historia de la ciudad como los del Museo Nacional Arqueológico quedarán integrados.
Desde de UGT proponen modificar el artículo 26 de los estatutos, que rigen el «régimen jurídico y la selección del personal». Aparte de respetar los derechos adquiridos por el personal consorciado en la administración de origen, quieren añadir que «se incluirá cualquier otra mejora o beneficio que se desprenda del convenio colectivo propio de la Agencia». También exigen que las retribuciones estén sujetas «al convenio propio del ACPC sin detrimento de cualquier mejora negociada entre la empresa consorciada y el ayuntamiento». «No queremos perder derechos», afirma Martorell.
Igualmente, piden enmendar la disposición transitoria quinta para que el personal subrogado quede en situación de excedencia por incompatibilidades, y no de excedencia voluntaria, con respecto a la entidad de origen: «Queremos mantener el vínculo con la Agencia de la forma más directa posible».