Entrevista
Lluís Moreno: «Podemos construir 40.000 pisos al año, pero tenemos que tener más margen de beneficio»
El presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña plantea las necesidades del sector ante la construcción de vivienda y grandes infraestructuras al país y las transformaciones que tiene que llevar a cabo la administración pública

Lluís Moreno, presidente de la Cámara de Contratistas
¿En qué momento se encuentra el sector de la construcción en nuestra casa?
El sector está en un buen momento, aunque ha sufrido una época larga de ostracismo. Los efectos de la crisis financiera del 2008 se han alargado durante años. Se tiene que tener en cuenta que el sector se deshizo de un millón de trabajadores en toda España. Después de esta bajada, las empresas son mucho más prudentes a la hora de reanudar el ritmo. Además, creo que en Cataluña hemos estado pendientes de otras cosas y el sector ha quedado un poco en segundo o tercero término».
¿Ahora vuelve a ser protagonista?
«Sí, porque cualquiera de los anuncios que se hacen desde la administración pública tiene que ver con alguien que tiene que construir aquello. Estamos hablando de diferentes ámbitos, desde la vivienda hasta la movilidad o las interconexiones del agua».
Precisamente, la vivienda es uno de los grandes problemas del país. ¿Cómo valora los objetivos del Gobierno de multiplicar la construcción de pisos?
«Nosotros somos constructores, no somos planificadores, ni promotores. Que nos digan cuáles son las reglas del juego y nosotros haremos nuestras ofertas en función de estas».
¿El sector tiene la capacidad de alcanzar los 210.000 nuevos pisos?
«Tenemos capacidad. En Cataluña estamos haciendo unas 15.000 viviendas al año. Somos capaces de hacer 40.000 al año. Eso quiere decir que en cinco años podríamos hacer 200.000».
Márgenes de beneficio
¿Entonces, qué tiene que cambiar a la administración para conseguirlo?
«Primero, la administración pública tiene que entender que eso sólo se podrá hacer con colaboración publicoprivada. Tiene que ganar la administración, la ciudadanía pero también la empresa constructora. Tiene que salir beneficiada con la oferta que propone, que competirá con otras compañías. No puede perder dinero. La media española de beneficio en el sector para una constructora es del 3,5%. Es muy poco margen. Segundo, se tienen que agilizar los procesos, eliminar la burocracia y agilizar las licencias de obras. Había municipios donde tardaban 18 meses en aprobarse».
Tarragona ciudad era un caso.
«Todo eso no cuesta dinero, es voluntad. Además, tiene un impacto económico. Tendremos menos gastos y más dinero para invertir».
Entiendo que estas causas explican la baja concurrencia a las licitaciones, que está por debajo de la media europea.
«Es un problema porque las obras quedan desiertas. También es cierto que Europa marcó unas directrices que evolucionaron hacia unas nuevas leyes de contratos del sector público que son muy garantistas para la administración. Ahora, lo están revisando porque ellos mismos se han dado cuenta de que en algunos países hay una carencia de construcción de vivienda a causa de errores administrativos que provocan retrasos o imposibilitan sacar adelante los proyectos».
¿Si todo eso no cambiara, qué podría pasar con grandes proyectos esperados en el territorio como la estación intermodal o el tranvía?
«Si este cambio de mentalidad no se hace, puede pasar de que el día que se liciten estas obras queden desiertas. Ha habido casos de obras de 28 millones de euros donde ha pasado. Los materiales han subido mucho y han aumentado costes. Corresponde a la administración saber cuál es su punto de partida. La vemos con mucha proactividad, pero de momento no lo vemos a las licitaciones».
Con respecto a las infraestructuras, han evaluado con Fomento del Trabajo el déficit que ha sufrido el territorio desde el 2009. ¿Cuáles son las conclusiones?
«Hemos calculado que el déficit sube hasta los 42.500 millones de euros. Una cifra que serviría para pagar las 100 infraestructuras que creemos que son las más prioritarias para el país. De estas, en Tarragona hay 22, sobre todo en el ámbito ferroviario. También hay que mejorar el AP-7, es una gran prioridad. Hay que destacar que el retorno de la inversión de unas infraestructuras así se consigue en solo diez años desde la construcción».
El sector sigue necesitando mano de obra. ¿Cómo lo afrontan?
«Estamos trabajando en varios factores que consideramos esenciales. Por una parte, tenemos que incorporar a la mujer a la construcción. El trabajo a pie de obra ha evolucionado mucho y se han cambiado los métodos. Creemos que aumentar su presencia es clave y mejoraría el sector. Por otra parte, también tenemos un problema con la juventud. No nos permiten que un chico o chica entre a la construcción hasta los 18 años y los que acaban la ESO todavía no pueden hacerlo. Hay un lapso que creemos que se tiene que solucionar con la formación dual. También como empresas entendemos que tenemos que adaptar nuestros horarios para atraer las demandas de conciliación familiar».