Judicial
Un juez de Tarragona investiga al exministro Montoro (PP) POR modificar leyes a cambio de pagos
El exministro de Hacienda es investigado por supuestamente aprovechar su cargo para crear una «red de influencias»
Imagen de Cristóbal Montoro.
Un juez de Tarragona investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) por supuestamente aprovechar su cargo para crear una "red de influencias" que impulsó modificaciones legislativas para favorecer empresas gasistas a cambio de "importantes pagos" a la mercantil Equipo Económico, de la que fue socio fundador y presidente.
En un auto, avanzado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona atribuye a Montoro -que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- y a una treintena de investigados los delitos de soborno, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Según el auto, la investigación, que empezó en el 2018, ha revelado que, incluso en dos ocasiones, empresas gasístas contrataron a Equipo Económico (EE) para que hiciera uso de su "red de influencias" con la finalidad que se llevaran a cabo reformas legislativas de acuerdo con sus pretensiones, como para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
El juez considera que Montoro, que fue consejero de Equipo Económico hasta abril del 2008 y ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas, hizo supuestamente "uso de las potestades" que le correspondían a la iniciativa legislativa de su ministerio, "lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE".
"El uso de estas potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de diferentes sectores reformas que beneficiaran sus intereses económicos, en detrimento del sector público," apunta el juez.
El auto detalla además que Montoro nombró entre sus altos cargos a "personas estrechamente vinculadas al despacho EE, cosa que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyectos de reglamentos se redactaran 'a demanda' de las mercantiles investigadas, después de aceptar aquellas pagar para eso".