En Comú Podem denuncia la grave situación laboral en el Hospital Joan XXIII

El portavoz del grupo municipal de En Comú Podem en Tarragona, Jordi Collado, y el consejero Toni Carmona han comparecido este martes para adelantar los puntos clave del plenario ordinario del mes de julio. La formación ha puesto el foco en dos cuestiones: las reivindicaciones laborales en el Hospital Joan XXIII y el intento del gobierno local de permitir la privatización encubierta del espacio público.

Carmona ha anunciado que el grupo presentará una moción en defensa de las trabajadoras y trabajadores del Hospital Joan XXIII. El centro hospitalario vivo una situación crítica por falta estructural de personal, hecho que ha obligado a cerrar camas de la UCI y ha provocado una sobrecarga insostenible en las plantillas. «Estamos hablando de profesionales que tienen que doblar turnos, renunciar a permisos y trabajar días festivos. El hospital está al límite y la respuesta de la Generalitat ha sido del todo insuficiente», ha denunciado Carmona.

Aunque las competencias sanitarias no son municipales, En Comú Podem considera que el Ayuntamiento tiene que alzar la voz para defender el derecho a una sanidad pública, universal y de calidad. «Es el hospital de referencia del Camp de Tarragona. No podemos mirar hacia otro lado», ha afirmado.

Por su parte, Collado ha criticado duramente la propuesta del gobierno municipal de eliminar la tasa que pagan empresas y entidades para hacer actividades en espacios públicos. «Con la excusa de facilitar actividades culturales, lo que se esconde es una barra libre para usos privativos y comerciales del espacio público», ha advertido.

El portavoz ha relacionado esta modificación con la declaración de interés del Festival Nomad, decretada en dedo por la alcaldía y que eximió a la organización del pago de tasas. Ahora lo quieren convertir en norma. Es un modelo que favorece los intereses privados en detrimento del bien común», ha denunciado.

Según Collado, este giro evidencia la ruptura del consenso que había en torno a la ordenanza de terrazas y forma parte de una deriva cada vez más mercantilista del gobierno Viñuales. «El espacio público no puede ser moneda de cambio por intereses económicos. Nos opondremos», ha concluido.