«La única manera de parar los campos de fútbol en la Planota es con un nuevo POUM»

A la espera de saber si se podrá aprobar el POUM inicialmente durante este mandato, la planificación urbanística de la ciudad sigue generando polémicas. Ahora, por el proyecto que prevé construir nueve campos de fútbol en la Anella Verda de Tarragona, en la Planota, junto al Catllar, en unos terrenos de propiedad del Arzobispado.

Desde el grupo municipal de Esquerra Republicana se ha pedido al gobierno que se suspenda la licencia del complejo y desde el Ayuntamiento argumentan que, hoy por hoy, eso no se puede hacer. La única opción es aprobar inicialmente el POUM, un pacto que no se ve cerca.

«La Anella Verda es un patrimonio de todos y no puede quedar a merced de intereses particulares ni de la inacción política», expresa Xavi Puig, portavoz adjunto de los republicanos. ERC pide que se apruebe una moción presentada el año pasado en el pleno donde se pedía estudiar la suspensión temporal y limitada de las licencias en el entorno.

«La pelota está en el tejado del gobierno: si quieren pueden parar el ‘pelotazo’ mañana mismo, a través de una suspensión de licencias. No hacerlo es incumplir los acuerdos del Pleno de Tarragona», dice Puig. El PSC y Junts se abstuvieron y se aprobó con los votos favorables de ERC, ECP, Vox y los no adscritos. El PP votó en contra. Ahora bien, el acuerdo de una moción no es legislativamente vinculante.

Atado de manos

«Ahora mismo no es posible. Las normas subsidiarias lo aceptan y su urbanización es compatible. A nosotros tampoco nos gusta la ubicación, pero lo único que lo puede hacer cambiar es si aprobamos inicialmente el futuro POUM», explica Nacho García, consejero de Urbanismo.

El edil pone sobre la mesa situaciones similares que han sucedido en la ciudad. «ERC sabe que no se puede hacer. A ellos les pasó una cosa similar con Mas d'en Sorder inicialmente», dice García. «Diré lo mismo que el consejero Puig respecto de Family Cash: ‘Con las licencias no manda la voluntad política, sino que hay unas reglas muy claras’».

Este pasado mayo, el grupo de ERC pidió a la alcaldía información sobre el cumplimiento de los acuerdos de la moción, especialmente sobre la suspensión de licencias. La respuesta del gobierno fue esta: «La moción hablaba de estudiar esta suspensión, cosa que ya se hizo y cosa que se vio que era inviable jurídicamente».

Ante esto, los republicanos requirieron el informe jurídico que avalara esta afirmación, pero la respuesta fue que no existía ningún informe jurídico y que la cuestión se estaba tratando en reuniones internas. Por este motivo, los republicanos han solicitado la redacción de un informe al Secretario General.