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BIC Iberia lleva a la Fiscalía la próxima apertura del nuevo centro comercial Family Parc

La empresa no quiere «buscar culpables», sino que «se cumpla la normativa»

El otoño pasado, se iniciaron las obras de construcción del nuevo Family Parc junto a Campclar.

El otoño pasado, se iniciaron las obras de construcción del nuevo Family Parc junto a Campclar.ECP

John Bugarin
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La empresa BIC Iberia presentó un escrito a la Fiscalía Provincial de Tarragona, el lunes por la mañana, donde alerta sobre la ubicación del nuevo Family Parc, el cual está previsto que se inaugure mañana. En el documento, alegan que el centro comercial se encuentra dentro de la franja de seguridad de las instalaciones que tiene la compañía en el polígono Entrevies, donde se fabrican mecheros haciendo uso de gases inflamables. «Se encuentra en una zona de riesgo por explosiones», avisan.

Aunque no se ha producido ningún accidente grave en los últimos años en su fábrica, recuerdan que, en 2019, se produjo un incendio en la nave de la empresa Miasa Logística «muy cerca de nuestros depósitos de gas». Los responsables de BIC aseguran que «no queremos buscar culpables ni acusar a ninguna administración», sino para que «se cumpla la normativa SEVESO —que regula las empresas que trabajan con sustancias peligrosas—». Por eso, apuntan, «sólo lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía sin denunciar a nadie». De hecho, tampoco han solicitado medidas cautelares para parar la apertura del complejo comercial construido al lado de la N-340.

La compañía expone, como ya hizo en los escritos que envió al Ayuntamiento de Tarragona el 28 de mayo y el 27 de julio, que el departamento de Industria de la Generalitat de Catalunya validó el Análisis Cuantitativo de Riesgo (AQR) que presentó BIC en 2009: «En ningún momento nos han dicho que esté desfasada o sea incorrecta». Este documento fijaba en 420 metros el perímetro de seguridad en el que no se pueden ubicar «elementos vulnerables ni muy vulnerables», como el nuevo centro comercial, el cual se encuentra dentro de esta franja.

BIC Iberia alertó al consistorio sobre esta situación cuando las obras del Family Cash estaban en la recta final. Desde la empresa, confiesan que no fue hasta el pasado mes de abril que se enteraron de que se construía este gran complejo a unos 200 metros de sus instalaciones.

«Estábamos planificando una modificación interna de la fábrica y encargamos a una ingeniería un informe para mirar si eso podía afectar al perímetro de protección. Entonces, los técnicos nos preguntaron si eramos conscientes de que estaban construyendo un supermercado a nuestro lado. Fue en aquel momento cuando nos dimos cuenta de ello», explica la compañía.

La Junta de Portavoces

Ayer por la mañana, se celebró una Junta de Portavoces para tratar esta cuestión. El alcalde, Rubén Viñuales, y el secretario municipal presentaron los informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que avalan la decisión de levantar la suspensión de los trámites para otorgar la licencia de primera ocupación parcial a la empresa Family Cash.

En una comparecencia ante los medios, el consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre, reiteró que «no hay ningún motivo para mantenerla». «Se ha vuelto a revisar toda la documentación», apuntaba al edil, quien aseguraba que «se cumplen con las medidas de confinamiento y evacuación marcadas por Protección Civil». Con respecto al escrito de BIC en la Fiscalía, no hizo valoraciones, ya que no conocía su contenido.

La inauguración de este jueves, pendiente de un informe favorable de los Bombers

Family Cash continúa con la idea de abrir el nuevo centro comercial de Ponent, ubicado junto a Campclar, este jueves. Sin embargo, la promotora del proyecto y el Ayuntamiento de Tarragona tienen que acabar de hacer los últimos trámites administrativos. 

Este lunes, el consistorio reanudó el proceso para otorgar la licencia de primea ocupación parcial del nuevo complejo. Aparte, se está trabajando para emitir la licencia de actividad. En este caso, sólo faltaría el informe favorable de prevención y seguridad en materia de incendios por parte de los Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Fuentes del organismo autonómico explican que recibieron la solicitud durante el mes de junio y el plazo máximo para tramitarlo es de dos meses. En este sentido, señalan que no se puede asegurar de que llegue antes de este jueves. En caso de que no se envíe a tiempo, se tendría que aplazar la inauguración del centro comercial, en lo que se han invertido 14 millones de euros y por lo cual se han contratado ya 200 trabajadores.

El Ayuntamiento y la Generalitat se reunieron ayer para tratar los argumentos de BIC Iberia para parar el Family Parc

Representantes del Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat de Catalunya se reunieron este martes por la tarde para hablar sobre el Family Cash, después de que el consistorio pidiera, hace días, una aclaración en el organismo autonómico sobre la AQR a la cual se aferra la empresa BIC Iberia

En los últimos días, el gobierno municipal ha reiterado que no tenía constancia de este documento y que le correspondía al departamento de Indústria hacerlo llegar al municipio en caso de que este existiera realmente. Durante el encuentro de ayer, que sirvió para rebajar tensiones, ambas administraciones mostraron su predisposición para encontrar soluciones. 

Sin embargo, no hubo concreciones y está previsto que se produzcan nuevas reuniones en los próximos días. Durante la mañana, también se celebró una Junta de Portavoces para tratar el tema. Esquerra y Junts se alinearon con las explicaciones del gobierno del PSC por la controversia del Family Parc

El portavoz adjunto de ERC, Xavi Puig, aseguraba que, a pesar de no tener acceso al expediente completo, «la tramitación que se ha seguido parece que es correcta y no se ha vulnerado nada. No hay ninguna razón por la que se tendría que haber actuado diferente». 

Asimismo, apuntaba que con licencias no manda «la voluntad política, sino que hay unas reglas muy claras». Coincidía Jordi Sendra (JxCat), quien afirmaba que «el Ayuntamiento ha actuado de acuerdo con la ley y ha hecho lo que le correspondía». «Quien parece que ha hecho una dejadez de funciones, no informando en tiempo y forma, es el Departament d'Empresa de la Generalitat», lanzaba. 

Se mostró más crítico Jordi Collado (ECP): «Es muy preocupante que Generalitat y Ayuntamiento tengan posiciones tan poco alineadas». El edil pidió al ejecutivo municipal que hable con BIC, Family Cash y el Gobierno para que «no se pongan en riesgo» 200 puestos de trabajo. 

En este sentido, Maria Mercè Martorell (PP) lamentaba «la inseguridad jurídica que sigue creando la Generalitat». Sin embargo, criticaba que «no es ninguna sorpresa que el centro comercial se ha construido en una zona próxima a la industria».
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