Comercio
El Ayuntamiento no ve «ningún argumento jurídico» para parar la apertura del nuevo Family Parc
Ayer se reanudaron los trámites para otorgar la licencia de primera ocupación a Family Cash

El alcalde, Rubén Viñuales (centro), y el consejero Nacho García Latorre (derecha) en una visita a las obras del Family Parc del pasado febrero.
El Ayuntamiento de Tarragona no ve «ningún argumento jurídico» para detener la inauguración del Family Parc, el nuevo centro comercial de Ponent, prevista para este jueves. Tal como adelantó Porta Enrere y ha confirmado Diari Més, la empresa BIC Iberia envió un escrito al consistorio el pasado 27 de junio, a través del cual ha pedido frenar la apertura de este complejo, ya que se encuentra dentro de su franja de seguridad química.
En sus instalaciones del polígono industrial Entrevies, BIC fabrica mecheros utilizando gases inflamables. La compañía explica que, en el año 2009, presentaron al departamento de Industria de la Generalitat de Catalunya un Análisis Cualitativo de Riesgo (AQR), que fijaba en 420 metros el perímetro de seguridad en el que no se pueden ubicar «elementos vulnerables ni muy vulnerables».
Por este motivo, alega que con la ubicación del Family Parc, al lado de la N-340, se incumple la normativa SEVESO, que pretende prevenir los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y limitar sus consecuencias para la salud humana.
En su documento, BIC pide al Ayuntamiento que «actúe de oficio» y tome las medidas necesarias para «proteger a las personas de accidentes graves y a la empresa de una situación lesiva». Asimismo, la empresa se reserva «las acciones que en derecho le correspondan», en caso de que se dé luz verde a la puesta en marcha del nuevo centro comercial. A raíz de este escrito, el Ayuntamiento suspendió los trámites para el otorgamiento de la licencia de primera ocupación parcial a Family Cash —promotora del proyecto—, que presentó alegaciones contra la decisión tomada por el consistorio.
Ayer, el gobierno municipal levantó esta suspensión y se reanudó el proceso para la apertura de este complejo, que ha supuesto una inversión de 14 millones de euros y dará trabajo de forma directa a 200 trabajadores. «A nivel jurídico, no tenemos ningún argumento para detenerlo», aseguraba el consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre.
El edil consideraba que la franja de protección de riesgo químico que expone BIC «no es válida», ya que «la Generalitat no ha traspasado en ningún momento el supuesto Análisis Cuantitativo de Riesgo al Ayuntamiento». «Por lo tanto, nosotros entendemos que no existe», afirmaba.
El tercer teniente de alcalde explicaba que «estos documentos los hacen las empresas y, después, la Generalitat los tiene que validar y los tiene que enviar a los municipios afectados para que los incluyan dentro de su planteamiento urbanístico». Durante los últimos años, apuntaba, «el consistorio ha tramitado el POUM del 2013 hasta la aprobación definitiva y el Gobierno catalán ha aprobado unas normas urbanísticas transitorias», pero «en ningún caso se ha tenido constancia de esta AQR».
Mantener la inauguración
Family Cash celebró ayer la decisión del Ayuntamiento, ya que consideraban que la suspensión de los trámites para la apertura del centro comercial era «surrealista». «No hay ninguna norma jurídica que lo impida», decían desde la empresa, que mantiene su intención de inaugurar el nuevo complejo este jueves. «Lo tenemos todo a punto», afirmaban.
Fuentes municipales apuntaban que se está trabajando para que así sea. De hecho, ayer se inició la tramitación de toda la documentación técnica para otorgar la licencia de primera apertura y cerrar los últimos flecos para que Family Parc pueda abrir sus puertas.
El consistorio recuerda que fue la Generalitat quien otorgó la licencia comercial en el 2016
El edil recordaba que fue la administración catalana quien otorgó la primera licencia comercial a los propietarios del terreno donde ahora se ha construido el nuevo centro comercial. Fue en el 2016, momento en el que ya tendrían constancia de este AQR. Dos años después, Family Cash compró el solar y la licencia comercial, que fue prorrogada también por el departamento de Industria en el 2023.
En agosto del 2024, el Ayuntamiento otorgó la licencia de obras: «Se tramitó de acuerdo con la licencia comercial otorgada». Por lo tanto, el consejero considera que el consistorio ha actuado «correctamente». Desde Family Cash, señalan que el Gobierno otorgó las licencias «con informes favorables».
Sin embargo, explican que «siempre hemos cumplido con todos los requerimientos». De hecho, aplicaron «las medidas correctoras exigidas por Protección Civil». A pesar de los intentos por parte de este medio, la Generalitat no ha querido pronunciarse al respecto.