Antifraude rebaja la presión en el consejo de EMMCT y legitima el debate sobre el trabajo del gerente

La Oficina Antifraude de Cataluña envió una nueva notificación a los miembros del consejo de administración de la Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT) el pasado 25 de junio. DE’este escrito, en el cual ha podido tener acceso el Diario Més, se desprende que el organismo autonómico «entiende y comparte» la «legitimidad» del consejo para «plantear dudas o debatir sobre cualquier aspecto operativo en lo referente a la actividad de la empresa», incluso, cuándo este debate «afecta» al gerente de Tarragona Radio, Xavier de Gispert, el cual está protegido como informante de un caso de corrupción.

En este sentido, se indica que «lo único que se recuerda es que se tiene que informar previamente la Oficina cuando hay reuniones que incluyen estos puntos y, también, de los acuerdos de que se adoptan». Esta notificación llegó pocos días después del requerimiento que hizo llegar Antifraude a los miembros del consejo de EMMCT, donde se alertaba sobre las sanciones que podía comportar un posible cese injustificado del gerente, hecho que podía comportar multas de entre 600.001 y un millón de euros.

Los representantes políticos recibieron esta primera comunicación el 19 de junio, el mismo día que se celebró una reunión extraordinaria del consejo de administración para analizar y evaluar la gestión de la radio municipal durante el apagón general del 28 de abril.

En aquel escrito, Antifraude avisó que, si se decidía cesar al gerente, «se podría presumir una represalia por las denuncias que presentó». Hay que recordar que De Gispert llevó a Fiscalia supuestos pagos irregulares por valor de más de 800.000 euros entre 2009 y 2019, bajo mandato socialista. Por lo tanto, en el hipotético caso de un despido, la Empresa de Mitjans tendría que demostrar que se debe a «otras causas justificadas».

En este sentido, se ponía en duda que la gestión del alto cargo durante el corte de suministro eléctrico fuera motivo suficiente para despedirlo, teniendo en cuenta «el alcance y las consecuencias» del apagón en «gran parte de la península Ibérica y parte del sur de Francia». La Oficina hizo este requerimiento, que tensó la cuerda entre los miembros del consejo, después de tener conocimiento de posibles movimientos para cesar al gerente de Tarragona Ràdio.

De hecho, en su interpelación, el organismo autonómico rescató el borrador del acta del consejo de administración que tuvo lugar el 29 de mayo, durante el cual el PP, ECP y el consejero no adscrito Javier Gómez cargaron duramente contra De Gispert. Antifraude recogió las afirmaciones de algunos miembros, como «todo eso exige una depuración de responsabilidades» o «lo más preocupante es que el gerente no haga autocrítica».

Aunque la amenaza de una posible multa millonaria en caso de despedirlo de forma injustificada continúa presente, ahora la Oficina Antifraude reconoce que es legítimo que el consejo de administración pueda dudar o debatir sobre la actividad de la Empresa Municipal de Mitjans y la tarea del gerente.

Acercar posiciones

En el primer escrito que recibieron los miembros del consejo, el organismo catalán también recriminó a la presidenta de EMMCT, Sandra Ramos, que no notificara que, en la reunión del 29 de mayo, «había un punto en el orden del día en que cuestionaría la gestión del gerente y, muy probablemente, se le pedirían responsabilidades»; ni del consejo extraordinario que tuvo lugar, posteriormente, el 19 de junio.

Según ha explicado Antifraude en su notificación del 25 de junio, la presidenta de Tarragona Ràdio se puso en contacto con ellos y solicitó unos días más para cumplir con el requerimiento de información. El ente autonómico ha aceptado que «se informe de los acuerdos del pasado consejo cuando se disponga de la transcripción literal de la grabación».

En este sentido, Antifraude ha agradecido «las explicaciones enviadas por la presidenta —el 23 de junio—, el tono y la voluntad de colaborar con esta institución». Asimismo, ha recordado que «el objetivo de los requerimientos es que la Oficina esté informada de las decisiones que afectan o pueden afectar las personas alertadores protegidas, así como recordar a los destinatarios el régimen de protección.»