Doctorandos de la URV reclaman la aplicación del cuarto año de contrato

Los estudiantes de tesis doctoral en la Universidad Rovira i Virgili (URV), organizados en el colectivo Doctorandas en lucha, denuncian que la Generalitat de Catalunya «está incumpliendo su compromiso» de garantizar el cuarto año de contrato predoctoral, una situación que actualmente afecta a una cincuentena de investigadores en formación del centro. Según afirman, este derecho está reconocido tanto a la Ley Orgánica 2/2023 (LOSU) como el Real decreto 103/2019, que establecen una duración mínima de cuatro años para estos contratos.

«La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, prometió el pasado mes de mayo que garantizaría este cuarto año de manera retroactiva para convocatorias como Joan Oró y la SDUR, pero nos ha mentido. Los contratos siguen siendo únicamente de tres años y, hasta hoy, no hemos recibido ninguna respuesta oficial», manifestó ayer Neus Anglès, portavoz del colectivo. «Eso quiere decir que a muchas de nosotras nos vemos obligadas a acabar la tesis en situación de paro o de precariedad, lo cual supone una pérdida de continuidad de investigación y de competitividad proyectos clave, así como la fuga de talento de una gran cantidad de investigadores que cada año se ven forzados a marcharse», lamentó. Se trata de una situación, explicó, que «no sólo afecta a la vida personal y profesional de estos estudiantes, sino que, aleja la investigación de las necesidades sociales y de las clases populares, y debilita el retorno del conocimiento a la sociedad».

Así, el colectivo reclama la implementación «inmediata y retroactiva» del cuarto año de contrato por todas las convocatorias desde el 2022 hasta el 2025 y exige un posicionamiento «firme y público» de la URV, así como «acciones concretas» y uno «compromiso explícito». En este sentido, valoraron positivamente que el rector del centro, Josep Pallarès, haya respondido a su petición de reunión, que tendrá lugar durante el día de hoy. «Confiamos en que la URV, como institución de referencia, estará a la altura y defenderá los derechos de su comunidad académica e investigadora», afirmó Anglès.

Actualmente, hay 54 personas afectadas sólo en la URV, a pesar de que la problemática, aseguran desde el colectivo, se extiende a todo el sistema universitario catalán. Aunque algunos centros han asumido este cuarto año mediante fondos propios, en la URV todavía no se ha confirmado ninguna medida similar. «Hasta ahora lo que se ha ido sintiendo es que en este caso la universidad no podría hacerse cargo, pero todavía no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el rector, así que no tenemos ninguna respuesta definitiva», recordó a la portavoz. «No aceptaremos más excusas. El cuarto año nos corresponde por ley, y lucharemos hasta que la Generalitat cumpla su palabra. La investigación digna no es un privilegio, es un derecho», concluyó.