Sociedad
Decenas de familias de Tarragona denuncian a una empresa por estafar unos 2 MEUR
Constituyen una asociación de afectados en Tarragona y denuncian la «inacción» de la Justicia
La empresa, con sede en Barcelona, se dedicaba a la compraventa de inmuebles, entre otros.
«Hay personas a quien les han estafado 300.000 euros y que ahora están yendo a los comedores de Cáritas». Este es uno de los casos más extremos de una supuesta estafa que han sufrido decenas de familias tarraconenses. «Varios compañeros aportamos capital en OPS Capital, una empresa que se dedica a la compraventa de inmuebles, la inversión en pequeñas empresas y préstamos a terceros», explica Pau Alonso, uno de los afectados.
Eso pasó en el 2019 y durante un tiempo todo fue bien, hasta que dejaron de recibir informes de la actividad de la empresa y del dinero que habían destinado. «Tú siempre tenías la opción de reintegrar las inversiones. Y llegó un punto en el que no nos devolvía el dinero ni nos daban más información. Desaparecieron», indica Alonso.
Se querella en el 2023
En el 2023, ante el problema, varios inversores tarraconenses presentaron una querella criminal común contra la compañía y constituyeron una asociación de afectados. «La presentamos para que avanzara todo rápido y para que se prohibiera la actividad a la empresa y evitamos más afectados. Pero nada de eso se ha cumplido», explica Felipe Serrano, abogado de los afectados.
Según explican, la denuncia se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. En el 2014, el juez decidió que no era «competente» y trasladó la causa a Barcelona. Desde la capital, devolvieron el caso a Tarragona de nuevo.
«La inacción del juzgado todavía hace más grande el problema. Es muy flagrante porque estamos hablando de siete delitos diferentes», añade Serrano. La compañía habría cometido supuestamente delitos de falsificación documental, administración desleal y estafa, entre otros. Su sede social está en Barcelona. «No entendemos cómo no se han aplicado medidas cautelares», dice el abogado.
Aunque gran parte de los afectados son de Tarragona, a la asociación también han llegado casos de Zaragoza y el País Vasco. «Nos tienen abandonados. Pasa el tiempo y seguimos igual», expresa Alonso. Después de 22 meses de tramitación judicial, el caso continúa en fase de instrucción y la empresa sigue operando. «Sabemos que el propietario de la compañía sigue en Barcelona. Pedimos que se le retirara el pasaporte», concluyen.