Sociedad
El IMSST y Ematsa otorgaron unas 300 ayudas a familias en situación de pobreza energética
También se elaboraron 390 informes de riesgo de exclusión residencial en 2024
El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona concedió 57 ayudas para pagar la factura de la luz y 11 para las de gas.
El Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) realizó hasta 390 informes de riesgo de exclusión residencial (IRER) durante el 2024. Las empresas suministradoras de electricidad, gas y agua tienen que solicitar la elaboración de estos expedientes antes de proceder a hacer cualquier corte por impago, para determinar si las personas o familias afectadas se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
La Ley 24/2015 protege aquellos hogares que no pueden cubrir sus necesidades básicas o están en riesgo de perder sus viviendas y estipula que las administraciones públicas tienen que garantizar el derecho de acceso a los suministros a las familias en riesgo de exclusión residencial. Igualmente, insta a «aplicar las ayudas necesarias con el fin de no generarles una deuda».
Más allá de elaborar estos informes, el IMSST también proporciona soporte financiero inmediato para las necesidades más urgentes. Durante el 2024, otorgaron 57 ayudas para pagar la factura de la luz y 11 para las de gas. Igualmente, se realizaron seis altas de contadores de agua. La Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona (Ematsa) también concedió 214 subvenciones —a través de su fondo social— para ayudar a cubrir los gastos energéticos de decenas de familias.
De la misma manera, instalaron 18 contadores solidarios para garantizar el acceso al agua en casos de vulnerabilidad. El servicio de mediación del IMSST actuó en tres escaleras diferentes para regularizar la situación de los contadores comunitarios donde se producía un impago generalizado. De estas intervenciones, una se pudo resolver y dos están en trámite.
Internalizar el servicio
El año 2022, el Ayuntamiento de Tarragona puso en marcha el Punto de Asesoramiento Energético (PAE). Este servicio especializado, pensado para combatir la pobreza energética, nació para garantizar los derechos de las más de 600 familias tarraconenses que no podían hacer frente a las facturas de luz, agua y gas.
El año pasado, los Equipos Básicos de Atención Social del IMSST asumió las tareas del PAE, entre las cuales estaba la gestión de informes de vulnerabilidad solicitados por las compañías suministradoras. «Antes estaba externalizado y, desde el 2024, hemos asumido el servicio», explica Cecilia Mangini, consejera de Servicios Sociales.
El gerente del IMSST, Josep Maria Beltran, destaca que «un 60% de los listados que nos envían las empresas son personas que no han pasado nunca por los servicios sociales o no sabemos quiénes son». Este hecho complica el trabajo de los técnicos, ya que «la administración sólo cuenta con un plazo de 15 días para dar respuesta a la compañía para que no haga el corte de suministro».
De hecho, en muchos casos, pueden elaborar el IRER porque no disponen de datos necesarios para evaluar la situación de las personas afectadas. Por otra parte, Beltran recuerda que las familias en situación de vulnerabilidad económica pueden solicitar el bono social, que permite a estos hogares obtener descuentos en sus facturas energéticas domésticas.