Limpieza
Caja o faja: en julio empieza la nueva empresa de la basura en Tarragona o se vuelve al inicio
El Ayuntamiento defiende que los recursos que se puedan presentar en un futuro no paralizarán el proceso

El Tribunal Catalán de Contratos Públicos ha admitido a trámite los recursos de GBI Paprec y FCC.
«Cuándo acabará todo eso»?. Esta pregunta se lo habrán hecho muchos ciudadanos, trabajadores y políticos en Tarragona a la hora de pensar en la disputa por el nuevo contrato de la basura. La respuesta es que, si todo va como prevé el Ayuntamiento, acabará en julio. En medio del verano será cuando el Tribunal Catalán de Contratos resuelva los recursos especiales que FCC y GBI Paprec han interpuesto a la adjudicación del contrato a Urbaser del mes pasado. El Tribunal ha admitido a trámite los recursos, según adelantó el Diari de Tarragona y ha confirmado el Diari Més. Según explican fuentes del Departamento de Economía de la Generalitat, el órgano del cual depende el Tribunal, a pesar de ser un ente independiente, la resolución se prevé en dos meses.
Eso supondrá que julio será caja o faja. O se firma el contrato y arranca el nuevo servicio o se vuelve a reiniciar el proyecto. Así ya lo manifestó esta semana el secretario general del consistorio, Joan Anton Font, a quién expuso que el informe jurídico del Ayuntamiento presentado al Tribunal defiende que no se tendrían que admitir a trámite los recursos porque las reclamaciones ya se juzgaron el año pasado.
Ahora bien, Font reconoció que la admisión a trámite «tiene su fundamento jurídico, no lo podemos negar». Hay que destacar que esta acción paraliza el proceso hasta su resolución, pero no quiere decir que dé la razón a ninguna de las partes. Será caja o faja también porque, según defiende el Ayuntamiento, ninguno de los recursos que puedan interponer las empresas a posteriori, si no están de acuerdo con la resolución, paralizarán el proceso.
«Los departamentos jurídicos del consistorio han analizado esta cuestión. Ninguna resolución sobre ninguna administración con consecuencias económicas comporta la suspensión», defendió Font. En este sentido, el consistorio expone que el TSJC ya expuso en primera instancia que no suspendería el proceso porque el Tribunal es un órgano especializado y porque se trata de una cuestión económica. «Con dinero todo se arregla», remachó Font. Desde la oposición, la admisión a trámite de los recursos se analiza de formas diferentes.
«La admisión contradice la versión del Ayuntamiento. Todo lo que sufrimos es fruto de un error cósmico de Viñuales», expone Xavi Puig, consejero de ERC. «Se tendría que haber pedido una aclaración de la resolución», añade. Desde Junts, Jordi Sendra expresa que «esta admisión a trámite puede suponer un obstáculo, sí, pero si no hubiéramos actuado todavía estaríamos atrapados en la parálisis». «No quieren asumir el coste de unas decisiones impopulares, y prefieren esconderse detrás de un dictamen jurídico», concluye Jordi Collado, de ECP.