Administración
El Ayuntamiento de Tarragona atribuye las posibles indemnizaciones del contrato de la basura a la Generalitat
El consistorio cifra la hipotética reparación en 3 MEUR, pero confía en no tener que abonarla
El Ayuntamiento mantiene sus previsiones y confía en poder firmar el contrato con Urbaser en julio y que empiece a ejecutarse en verano.
El Ayuntamiento de Tarragona avanza hacia la entrada en vigor del nuevo contrato de la basura. En los últimos meses, el consistorio ha trabajado entre recursos, suspensiones, sentencias y gritos de alerta de los grupos de la oposición. Una de las cuestiones más polémicas recientemente han sido las posibles indemnizaciones a las empresas licitadoras, que se habían llegado a cifrar en 60 millones de euros desde ERC. Un escenario que, desde el Ayuntamiento, se ve «imposible».
«Si tenemos que pagar, que no lo creemos, sería, como mucho, en torno al 3% del valor del contrato, que correspondería al beneficio industrial. Unos tres millones de euros. Hace falta tener en cuenta que el beneficio presentado por GBI Paprec es inferior al 3%», explicó ayer Joan Anton Font, secretario general del Ayuntamiento, en una atención a medios.
El secretario general prevé que la disputa judicial podría acabar en el Tribunal Supremo, que resolvería de aquí unos nueve años, cuando se haría efectiva la hipotética indemnización. El contrato adjudicado a Urbaser es de unos 20 millones de euros anuales.
Font va más allá y expone que, según consideran los servicios jurídicos del consistorio, las hipotéticas indemnizaciones tendrían que ir a cargo de la Generalitat, la administración de la que depende el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. «¿Cuál es la administración que ha causado el daño? Esta es la discusión jurídica. Nosotros creemos que el Tribunal se equivocó. No puede ser que el 0,1% del contrato lo condicione todo», defendió el secretario general. Ahora bien, todo esto son escenarios hipotéticos.
Lo que queda claro es que el Ayuntamiento sigue pensando que el contrato con Urbaser se podrá formalizar en julio y empezar en ejectuarse en verano. «FCC y GBI Paprec inciden en sus nuevos recursos que la Mesa de Contratación valoró mal las ofertas. Pero eso ya está juzgado. Los actos administrativos no se pueden ir recurriendo todo el rato. No acabaríamos nunca», expresó Font.
Ejecutando la resolución
El consistorio defiende que no ha firmado el contrato con Urbaser porque no podemos y espera a la resolución del Tribunal. «Seguimos lo que dice la ley. Nosotros consideramos que estamos ejecutando una resolución judicial, no es un nuevo acuerdo», explicó el secretario general.
En este sentido, la defensa jurídica del Ayuntamiento es que las empresas tendrían que presentar un incidente de ejecución, al entender que Tarragona no está interpretando bien la sentencia, cosa que no han hecho. Ahora bien, si nos dos meses el tribunal diera la razón a las compañías, el procedimiento tendría que arrancar de nuevo. «No podemos estar más años sin adjudicar el contrato», defendió Font.