Tarragona, pionera en la implementación de una ordenanza de mediación

Tarragona es la primera ciudad del Estado español que implementa una ordenanza de mediación dentro del ámbito administrativo, donde se dan situaciones en las cuales no siempre se encuentra un encaje entre el interés general y el de los particulares. Con este nuevo reglamento, que entrará en vigor el próximo 17 de abril, el Ayuntamiento pretende «implantar una gestión adecuada de conflictos y controversias» a través de la mediación, que «conecta directamente con los derechos de las personas en las sociedades democráticas avanzadas».

Así lo explicaba ayer el alcalde, Rubén Viñuales, durante la presentación de la nueva ordenanza. El alcalde destacó que esta es «obra» del Secretario General, Joan Antón Font, quien remarcaba que «hay muchas administraciones que hacen mediación civil o social, pero ninguna de ellas está haciendo lo que hace ahora el Ayuntamiento de Tarragona». Esta iniciativa, sin embargo, fue ideada por Maties Vives, el año 2016, entonces síndico de agravios de la URV.

Desde aquel momento, el consistorio se lo planteó como una opción posible, aunque el impulso definitivo no llegó hasta mitades del 2023, con la redacción del primer borrador. Casi dos años después, será una realidad. Font explicaba que, con este reglamento, se pretende eliminar la «desconfianza mutua» que existe actualmente «entre administración y ciudadano». Igualmente, recordaba que el Parlamento Europeo ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de implementar la mediación como medio alternativo en acabar un procedimiento administrativo.

La figura del mediador

Viñuales aseguraba que la nueva ordenanza permitirá encontrar una forma «equitativa» para abordar las posibles discrepancias entre la administración y un particular. Así, el objetivo es que los conflictos no se cierren por «la vía de la imposición, el vencimiento, el castigo o la retribución, sino mediante un camino orientado hacia el diálogo, el acuerdo y la reparación». Para que eso sea posible, participará una tercera persona: un mediador con plena capacidad jurídica, sin conflictos de interés, que posea un título universitario superior y tenga formación o experiencia específica en el ámbito de la mediación.

Este figura se encargará de facilitar el diálogo entre el Ayuntamiento y el interesado para abrir una vía de negociación que pueda conducir a un resultado satisfactorio por ambas partes. Por lo tanto, no emiten o imponen valoraciones jurídicas sobre los asuntos a tratar, sino que favorecen las conversaciones entre los implicados para alcanzar un acuerdo que será. Les personas interesadas en asumir esta responsabilidad, tendrán que estar inscritas en el Registro de mediadores del Ayuntamiento de Tarragona (REMAT). La designación del mediador para cada caso se hará por sorteo.

Procedimientos susceptibles

El Secretario General detallaba que «todos los procedimientos administrativos» que hace el Ayuntamiento de Tarragona «son susceptibles de acabar en mediación». A excepción de aquellos asuntos donde «se demuestre que no se puede hacer por un interés general». Este proceso podrá ser iniciado por el consistorio o a petición de la ciudadanía, y su resolución será «vinculante». Font ponía como ejemplo un caso de responsabilidad patrimonial donde la administración y el administrado difieren en la indemnización a pagar y llegan a un acuerdo a través de la mediación.

Cuando se opte por esta vía, el plazo para resolver el procedimiento administrativo se suspenderá para permitir un diálogo más tranquilo y constructivo. El Secretario General prevé que, a lo largo este primer año de aplicación se puedan solucionar una decena de conflictos. El consistorio calcula que, una vez se consolide esta ordenanza de mediación, se llegará a las 25 resoluciones anuales. Cada mediación durará unas cinco horas por término medio y el Ayuntamiento asumirá todos los costes. «Se pagará cien euros por hora al mediador», indicaba Font.