Los veterinarios de Tarragona protestan contra la nueva ley de medicamentos

Casi una cincuentena de veterinarios se concentraron ayer por la mañana delante de la subdelegación del Gobierno en Tarragona para protestar contra el Real Decreto 666/2023. Este, vigente desde enero, regula el uso y la dispensación de medicamentos en las clínicas veterinarias y ha provocado duras críticas entre los profesionales del sector, que denuncian que la normativa «complica su trabajo diario, limita su criterio médico y comporta un exceso de burocracia».

La protesta, acompañada por un parón entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, se organizó en el marco de una movilización a nivel estatal, con el apoyo de asociaciones, sindicatos y colegios profesionales, que reclaman una regulación «justa». Durante el acto los manifestantes reivindicaron la modificación del decreto, así como la «necesidad de prescribir en base al criterio clínico y la evidencia científica».

«Estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de controlar el uso de los antimicróbicos, lo que rechazamos es la manera en la que se ha implementado la normativa», explicaba Verónica Araunabeña, presidenta del Colegio de Veterinarios de Tarragona. «Ya hay un control europeo sobre los antibióticos comercializados, y esta medida añade carga administrativa innecesaria», señalaba.

Otro de los puntos de crítica es la falta de actualización de las fichas técnicas de los medicamentos, hecho que limita el acceso a determinados fármacos. «Muchos medicamentos que utilizamos para animales, no están registrados como tales y tenemos que justificar constantemente su uso», explicaba Araunabeña.

«Ya no se nos permite recetar fármacos que siempre hemos tenido al alcance, un hecho que perjudica, sobre todo, a nuestros pacientes, ya que, en muchos casos, los medicamentos de uso humano son más económicos, lamentaba Mari Concha Arasa, una de las profesionales presentes en la protesta. 

«Además, tenemos que prescribir la presentación completa del medicamento independientemente de la dosis necesaria para el tratamiento. Eso es peligroso, porque, por una parte, puede llevar al desperdicio y por la otra a la automedicación», añadía.

También denuncian el 21% de IVA que se aplica a los servicios y medicamentos veterinarios, un impuesto que no afecta a otros profesionales sanitarios. «Trabajamos con pacientes que, a menudo, provienen de protectoras o familias con dificultades económicas, y este impuesto supone una barrera para garantizar la atención adecuada a los animales», lamentaba el manifestante Xavier Fernando.

Por otra parte, exigen que las sanciones previstas por incumplimientos de la normativa no se apliquen hasta que el decreto sea revisado y adaptado a las «necesidades reales del sector». «No se nos ha tenido en cuenta en su elaboración, aunque presentamos más de cincuenta enmiendas», recordaba la presidenta del Colegio.