Política
Junts se atribuye la instalación de nuevas cámaras de seguridad en la Part Alta
Los juntaires defienden que esta medida es consecuencia el acuerdo con el gobierno para los presupuestos del 2025

Imagen de archivo de una cámara de videovigilancia.
Juntos por Tarragona ha reivindicado que la instalación de las cámaras de videovigilancia en la Parte Alta, recientemente anunciada por el Ayuntamiento, es una consecuencia directa del acuerdo presupuestario entre el grupo y el gobierno del PSC para el 2025. Esta medida forma parte de un paquete de 522.000 euros que Juntos ha conseguido para reforzar la seguridad en la ciudad, incluyendo la instalación de cámaras de videovigilancia y la incorporación de drones para la Guardia Urbana.
El grupo recuerda que esta no es la primera vez que impulsa iniciativas en materia de seguridad. Ya anteriormente consiguieron recursos para instalar cámaras a la Parte Baja, una zona que reclamaba más vigilancia desde hacía tiempo. Con esta nueva inversión en la Parte Alta, se quiere garantizar una ciudad más protegida, atendiendo las demandas vecinales y reforzando la presencia policial.
El portavoz de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Sendra, ha destacado el papel fundamental de su formación en este avance: «Este proyecto no ha caído del cielo. Es el resultado del trabajo hecho por Junto, que condicionó su apoyo a los presupuestos a garantizar una inversión real en seguridad. Si hoy hablamos de estas cámaras, es porque Junts lo consiguió en la negociación».
Además de la ampliación de la red de videovigilancia, Junts remarca que esta inversión permitirá dotar la Guardia Urbana de nuevas herramientas tecnológicas, como los drones, con el objetivo de mejorar la eficacia y rapidez de las intervenciones. El grupo defiende que el uso de la tecnología es fundamental para prevenir y disuadir la delincuencia.
Finalmente, Junts reafirma su compromiso para que la seguridad sea una prioridades en la acción de gobierno, insistiendo en que las inversiones en este ámbito no tendrían que ser una cuestión de oportunismo político, sino una estrategia estructural para hacer de Tarragona una ciudad más segura para todo el mundo.