Bolaños afirma que el acuerdo por las competencias de inmigración no incluye el requisito del catalán

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó ayer que la proposición de ley acordada con Junts para la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya «no hay ninguna referencia» en el requisito de la lengua para poder obtener el permiso de residencia.

Por lo tanto, aseguraba que el debate con respecto a este punto es «inexistente, ya que el texto pactado, que «está en tramitación parlamentaria», no lo recoge. De esta manera, respondió a las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, quien aseguró en una entrevista que la Generalitat tendrá la potestad para exigir como requisito el conocimiento de la lengua catalana.

Durante la visita que hizo en el solar donde se construirá el futuro Foro de la Justicia de Tarragona, el ministro aclaró que esta exigencia no forma parte del pacto migratorio. Con respecto a esta proposición de ley, remarcaba que es «estrictamente constitucional». De hecho, apuntaba, se hace bajo el amparo del apartado 2 del artículo 150 de la Constitución.

En este sentido, apuntaba que «delegar una competencia a la administración más próxima, en este caso la Generalitat, refuerza el autogobierno de Cataluña». «Lo que hace unos años era enfrentamiento y vulneraciones flagrantes de las leyes, hoy son pactos y cumplimiento de la Constitución», señalaba.

La vuelta de La Caixa

Preguntado por la vuelta de la Fundación ‘La Caixa’ y Criteria Caixa a Cataluña, aseguró que «es la prueba evidente de la normalización absoluta que existe en Cataluña y del éxito de las políticas de Pedro Sánchez y Salvador Illa». «A día de hoy, en Cataluña, todas las fuerzas políticas hacen política dentro de la ley y las instituciones», decía Bolaños, quien añadía que «eso genera una seguridad jurídica que hace que puedan volver empresas que se marcharon hace unos años».

La ley de eficiencia

Bolaños aprovechó su visita a Tarragona para destacar los beneficios que comportará la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. «Estamos en la transformación más grande de nuestra estructura judicial en décadas», afirmaba el ministro, quien aseguraba que «Cataluña está siendo la vanguardia en la implementación de esta ley».

Con su entrada en vigor, «las instituciones competentes pueden conocer en tiempo real dónde están los colapsos y, por lo tanto, dónde hay que asignar recursos humanos y materiales». En una prueba piloto en un juzgado de Badajoz, «se ha conseguido reducir los asuntos pendientes en más de un 40% y se ha agilizado la ejecución de las sentencias en más de un 70%», explicaba.