Tarragona hace 42 años que «sufre el perjuicio» de no disponer de un centro de internamiento de menores

Tarragona es la única provincia de Cataluña que no dispone de un centro educativo de internamiento para menores condenados por algún delito. Desde hace más de 40 años, después del traspaso de competencias del Estado a la Generalitat, el territorio no tiene a su alcance un equipamiento para estos jóvenes. 

De media, unos 80 jóvenes tarraconenses, de 14 a 18 años, son condenados a estar internados en centros educativos cada año, según datos del portal de transparencia del Departamento de Justicia.

Sin embargo, los menores no pueden cumplir su sentencia en su provincia, sino que tienen que hacer más de 100 kilómetros para ingresar en un centro. «Es un perjuicio grave tanto para las familias como para el menor. La gran mayoría no tienen dinero para ir a ver a sus hijos», explica Jesús María del Cacho, juez de menores de Tarragona.

Actualmente, 47 menores de Tarragona cumplen una medida de internamiento decretada por el Juzgado de Menores de la provincia, según datos de Justicia. 14 lo hacen en el centro El Segre, en Lleida. 12 en Can Llupià, en Barcelona. 8 en el centro l'Alzina, en Palau-solità i Plegamans, Barcelona. 7 en el centro Oriol Badia, en Barcelona, y 5 en el centro Til·lers, también en Barcelona. «¿Cómo tienen que ir ciertas familias desde Falset o Tortosa a ver a los menores? Muchas familias sufren porque no saben cómo hacerlo», expone el juez.

Si se analiza el periodo entre 2017 y 2021, en 5 años un total de 620 menores tarraconenses cumplieron una sentencia de internamiento, fuera de la provincia. «Las visitas son muy importantes, suponen un apoyo para el menor. Una familia tiene que poder ver a su hijo o hija», indica el juez. Incluso, ha habido casos en los que los jóvenes han preferido ingresar en la prisión de Mas d'Enric en vez de ir a un centro educativo.

Con respecto al perfil de los menores, el 90% son chicos, que acostumbran a ser condenados por delitos de robos. «En el caso de las chicas son casos o bien de trastornos, que las hacen ser agresivas, o de violencia filo-parental», afirma María del Cacho. Este tipo de delitos contra los padres cada vez se denuncian más. «Hubo un periodo en el que entraban muchas denuncias en los juzgados. Ahora se ha estancado un poco porque a los padres les cuesta mucho dar el paso», apunta María del Cacho.

Más allá, el contexto de estos menores se ubica en familias «que no controlan a los menores». «Los padres están desbordados con la actitud del menor. Les ponen horarios y no los respetan», apunta. «Algunos también presentan problemas de consumo de drogas y tienen un entorno de amigos con perfiles disociales y disruptivos», añade María del Cacho. La lejanía entre la residencia de los menores y el centro educativo de internamiento dificulta los procedimientos de reinserción a la sociedad.

Cada menor o joven internado tiene un programa individualizado que incluye las actividades educativas y/o de tratamiento. María del Cacho asegura que la situación no evita los internamientos. «En ciertos momentos, hemos sido la provincia que más ha ordenado», remarca. «Sin embargo, en el 80% de los casos tenemos éxito y la situación del joven se puede reconducir. El balance de las atenciones en los centros es positivo», afirma María del Cacho.

Hasta nueve proyectos

Según ha podido saber Diari Més, el Departamento de Justicia ha tenido sobre la mesa hasta nueve posibles proyectos para crear centros educativos en Tarragona. En las últimas décadas, se han buscado diferentes ubicaciones en el Priorat, en el camí dels Morts de Reus o incluso en la Budellera. Sin embargo, ninguna propuesta se ha acabado haciendo efectiva. De hecho, el último proyecto presentado a la Generalitat en los últimos meses, impulsado desde Tarragona, no ha recibido respuesta de Barcelona.

«Ya sabemos que no dispondremos de un centro en la provincia. En las últimas reuniones que he mantenido con el Departamento esgrimen que la oferta de plazas es correcta y no hace falta aumentarla», dice María del Cacho. Cataluña dispone de 337 plazas en los centros educativos de todas partes el país. «Pero yo defiendo que sí que es necesario. Los internamientos tienen que ser lo más cerca posible del entorno de los menores», expresa. «Lo más grave es que no se cumple con el sentido de la ley», concluye.

Te puede interesar: