«Es absurdo tardar 9 meses para poder reformar un lavabo en la Part Alta de Tarragona»

Tarragona arrastra un problema desde hace años: el tiempo de espera para obtener una licencia de obras. Según los últimos datos del Colegio de Arquitectos de Tarragona, del año 2021, la demora está en 8,8 meses. «Es un problema grave y la tendencia no es buena», afirma Jordi Romera, presidente del Colegio de Arquitectos de Tarragona. «Estamos entre los 12 municipios catalanes con más retraso», dice Romera. Pero el presidente alerta de que «el problema tiene muchas variables».

Por una parte, «la ciudad tiene problemas de carácter administrativo porque, al final, los técnicos tienen celeridad a la hora de trabajar», dice Romera. Para agilizar los procesos, el Ayuntamiento estrenó una nueva web este marzo con la voluntad de reducir la tardanza tres o cuatro meses. Sin embargo, el presidente pide una «comunicación más directa» con los órganos municipales. «El consistorio tiene que mejorar la accesibilidad. Si podemos hablar por teléfono y aclarar los proyectos con los técnicos en medio minuto, ¿por qué recibimos escritos técnicos de cinco páginas que tardan meses en llegar?» expresa Romera.

Pero esta no es la única arista del problema. «También tenemos dificultades con la manera de hacer. No puede ser que en la Part Alta tardes nueve meses para reformar tu lavabo porque tienes que pedir licencias mayores a Cultura. Cuando no hay ningún elemento patrimonial, es absurdo», indica Romera. También, el presidente reconoce que puede haber colapso en algunas ocasiones, y «los técnicos no dan de sí». Por este motivo, Romera es partidario de que la ciudad relegue los informes de idoneidad técnica, que tratan la normativa sectorial, en los colegios y entidades del mismo sector.

«De esta forma, sacaríamos responsabilidad a los técnicos, ya que somos un país sobrenormativizado y las reglas son cada vez más complejas», cree Romera. Además, el presidente apunta que este procedimiento «ayudaría a unificar criterios, ya que cada ayuntamiento redacta los proyectos a su manera». Sin embargo, Romera tiene claro que «el Colegio puede detectar los problemas y hacer un diagnóstico, pero la toma de decisiones final corresponde a los municipios».

El más perjudicado: el cliente

Ante esta situación, el presidente señala que «quien más sufre el problema es el cliente que encarga la obra». Romera expone que un proyecto de un negocio que se retrasa «puede acusar las prisas de no poner en marcha la actividad». O, si se trata de un proyecto de vivienda, puede sufrir el aumento de costes: «Si tú haces un presupuesto, pero obtienes la licencia 8 meses más tarde, el contexto económico ya habrá cambiado», dice Romera. De cara al futuro, el presidente cree que «todavía es pronto» para valorar el trabajo del nuevo gobierno a la hora de descoyuntar el problema. «Tenemos que poner solución porque, si no, la economía se resentirá», concluye Romera.