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Plano piloto en Tarragona para mejorar la atención judicial a menores que han sufrido abusos

La URV diseñará una herramienta de evaluación del modelo del Barnahus que facilitará cambios efectivos en la legislación

Imatge del Centre Barnahus a Tarragona.

Plano piloto en Tarragona para mejorar la atención judicial a menores que han sufrido abusosGeneralitat de Catalunya

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Tarragona ha desplegado un plano piloto para mejorar la atención judicial a los niños víctimas de abuso sexual, según informa la Universitat Rovira i Virgili (URV).

La URV lidera Impacto del modelo Barnahus en la protección de los derechos de los niños víctimas de abuso sexual en el sistema de justicia penal, con la participación de la UOC, Save the Children y la Red Promise Barnahus, financiado por OAK Foundation.

Tarragona explica desde el 2020 con el proyecto piloto del modelo Barnahus, uno referente en los países nórdicos para la intervención con menores víctimas de abuso sexual, que se extenderá al resto de España.

El modelo Barnahus (casa de los niños en sueco) reúne bajo un mismo techo a todos los agentes y procesos originados por una denuncia de abuso sexual a un menor.

Se trata de un espacio amigable donde se le realiza desde la exploración hasta el seguimiento, en el que tienen que trabajar coordinados todos los agentes implicados.

El equipo liderado por la URV diseñará una herramienta de evaluación de este modelo y, mediante indicadores, facilitará cambios efectivos en la legislación.

También incidirá en la formación de los profesionales -desde policías a trabajadores sociales- para poder prevenir la revictimización de los menores, con el objetivo de transformarse en un protocolo apto para su uso internacional.

Una jueza de Islandia, experta en el tema, imparte desde ayer y hasta hoy la primera de estas formaciones, que en este caso se dirige a los alumnos de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial.

El cambio de modelo, que se ha implementado de forma piloto en Tarragona por primera vez en España y en el sur de Europa, responde a las consecuencias negativas que los circuitos del actual sistema de justicia tiene para los menores que son víctimas de abusos.

España concentra cada año 5.900 denuncias por abuso sexual a niños, aunque solamente el 10% de los casos presentan evidencia física y menos del 5% es conclusiva, según datos de la organización Save the Children.

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