Municipal
La CUP de Tarragona lleva a Antifraude la venta de entradas de los Juegos Mediterráneos
La denuncia «como posibles responsables del fraude» la han realizado contra Josep Fèlix Ballesteros, Javier Vilamayor, Víctor Sánchez y Salvador Caamaño, además del Ayuntamiento y Sociedad Civil Catalana
La CUP de Tarragona lleva|trae a Antifraude la venta de entradas de los Juegos Mediterráneos
La Asamblea Local de la CUP de Tarragona ha anunciado este jueves que han denunciado en la Oficina de Antifraude las presuntas irregularidades de la venta de entradas de los Juegos Mediterráneos, celebrados en Tarragona en el 2018.
La formación han explicado que a raíz de una serie de artículos publicados en el portal digital 'Porta Enrere', consideraron que existían bastantes elementos para denunciarlo de Antifraude.
Gemma Vendrell durante la rueda de prensa explicaba que esta denuncia gira en dos sentidos. Por una parte, que Sociedad Civil Catalana tuvo acceso al sistema de venta de entradas, «cuando no cumplía con los requisitos para formar parte de la venta anticipada, reservada exclusivamente a comités olímpicos nacionales o patrocinadores», presumiblemente, añade «para tener un ambiente favorable a la presencia del rey a Felipe VI en un acto pagado con dinero público». Por otra parte, según han indicado desde la CUP, la denuncia, también que las invitaciones para asistir a las ceremonias y pruebas deportivas «fueron el triple que las vendidas». En concreto, se regalaron 60.950 entradas y se vendieron 28.940, «sin tener constancia de a quien se regalaron las entradas y bajo qué criterios».
Las anticapitalistas han explicado que la denuncia «como posibles responsables del fraude» la han realizado contra Josep Fèlix Ballesteros, Javier Vilamayor, Víctor Sánchez y Salvador Caamaño, entre otros. Y, con respecto a las entidades e instituciones, contra el Ayuntamiento de Tarragona y Sociedad Civil Catalana, entre otros.
La formación anticapitalista ha recordado la «inacción» del equipo de gobierno al hacer públicos las cuentas y la auditoría de los Juegos, que, para ellos representaron «un despilfarro de recursos públicos, la instrumentalización del acontecimiento en favor de los intereses españolistas, la militarización de la ciudad y un desbarajuste organizativo, junto con la ausencia total de asunción de responsabilidades o autocrítica.»