El PSC defiende la inocencia de Ballesteros y Floria en el caso Inipro

El PSC de Tarragona ha defendido la inocencia de sus concejales Josep Fèlix Ballesteros, exalcalde de la ciudad, y Begoña Floria, procesados por un caso de presunta corrupción. Los socialistas han hecho saber que estos no dimitirán como pide el equipo de gobierno y han acusado ERC y el ejecutivo local del uso extremadamente partidista que hacen del caso.

El juez del llamado caso Inipro envió el viernes a juicio al exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros (suspendido de militancia al PSC por su procesamiento) y le impuso una fianza de hasta 376.290 euros, así como otra de hasta 276.121 al Partido del Socialistaporel presunto desvío de fondos del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSST) al partido.

Al auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona decretó la apertura|abertura de juicio oral contra el exalcalde, la concejala socialista Begoña Floría, la exconcejala de Servicios Sociales Victòria Pelegrín, la exjefe de gabinete de Ballesteros y el exgerente del IMSST, así como cuatro investigados más por el supuesto desvío.

Después del auto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona, integrada por concejales de ERC, JxCat y la CUP, pidió a Ballesteros y Floría que dimitan y abandonen los escaños después de la aperturade juicio oral.

Presunción de inocencia

El PSC señala en un comunicado que la apertura «como se esperaba» del juicio oral «es una buena noticia que permitirá finalmente a los implicados defenderse, poniendo fin al largo periplo y al trato injusto que han vivido los últimos años.»

El partido destaca que tiene «el pleno convencimiento de su inocencia» a la vez que reclama respeto «a la presunción de inocencia, que es uno de los cimientos de todo el sistema penal democrático.» Además, avanza la continuidad «en el cargo de los que fueron elegidos directa y democráticamente».

«Queremos denunciar –añade el comunicado– el uso extremadamente partidista que desde de ERC de Tarragona y el gobierno municipal se está haciendo de este tema, con la única intención de desprestigiar políticamente a los socialistas».

El PSC rechaza del gobierno local «su desprecio selectivo hacia la presunción de inocencia, y en especial el uso de todos los medios institucionales y municipales para intentar sacar rédito político».

El equipo de gobierno había dicho, en un comunicado, que «ante la gravedad de los delitos de los cuales se les acusa y del perjuicio que puede suponer en la imagen del Ayuntamiento de Tarragona y a la ciudad, desde el equipo de gobierno pedimos a las personas encausadas que integran el consejo Plenario como representantes de la ciudadanía que asuman su responsabilidad política. Por eso creemos que tienen que dimitir de sus funciones».

El Partido Socialista atribuye estas acciones, que califica de «malas artes, de intento de borrar el legado de Ballesteros, y conseguir lo que no consiguieron en las urnas», para hacer «un gobierno frankenstein unido sólo por la rabia y el odio».

La causa, abierta hace diez años a consecuencia de una denuncia presentada por la CUP, se centra en el presunto desvío de dinero del IMSST al PSC a través de una empresa afín al partido, Iniciativas y Programas (Inipro), que el juez considera que pudo facilitar la financiación irregular de la formación socialista, cosa que ahora se juzgará.