El Ayuntamiento de Tarragona se inclina por salvar toda la gradería del Anfiteatro romano

El concejal de Patrimonio, Hermán Pinedo, ha indicado que la primera opción del Ayuntamiento consiste en no derribar las graderías añadidas al Anfiteatro romano, aunque la semana pasada sacaron a licitación la redacción de un estudio que contemplara todas las modalidades de actuación en el monumento, incluida la retirada de este elemento que se construyó en los años setenta y que actualmente presenta graves problemas de estabilidad, hasta el punto que está apuntalado con un andamio y se ha prohibido el acceso al público para evitar accidentes.

Pinedo ha dicho que, hoy por hoy, considera que la posibilidad de salvar la gradería «es del 99%. Con todo, hemos dejado un 1% abierto al derribo, porque no sabemos lo que nos dirán los técnicos que tienen que redactar el informe». El consistorio paga 3.000 euros mensuales por el andamio que hay detrás de la gradería, y considera que este es un gasto que se tiene que acabar cuanto antes mejor. El Anfiteatro cerró el año 2018, y recientemente se autoriza el acceso a la arena central, pero no a las gradas. Una vez el informe esté terminado, se tendrá que hacer el Plan Director del Anfiteatro, que incluirá la totalidad de las actuaciones que se propongan al conjunto del monumento. Pinedo espera contar con este nuevo documento «antes del verano», para implementarlo acto seguido.

Enderezar la situación

El responsable municipal se queja de que «Tarragona no se ha cuidado muy bien en los últimos 20 años y ahora nos toca a nosotros, a mí y a quien venga después, enderezar la situación. Incluso la propia área municipal de Patrimonio se ha ido vaciando, en los últimos años, de personal y de recursos, y todo eso lo tenemos que revertir».

Los trabajos en torno al Anfiteatro se llevan en paralelo con la rehabilitación de las fachadas del pretorio romano. El verano pasado hubo un pequeño desprendiment en el exterior del edificio encarado en la calle Sant Hermenegild, y el Ayuntamiento pidió una subvención a la Generalitat para trabajar acto seguido. La administración catalana ha concedido 200.000 euros, y con estos recursos se prevé que la intervención empiece en enero de 2022.

Por otra parte, la administración del Estado aportará 3 millones de euros para el proyecto de rehabilitación del foro de la colonia. De esta cantidad, que se distribuirá en cuatro anualidades, se utilizarámedio millón de euros para la rehabilitación y mejora de la accesibilidad en el monumento.

Pinedo ha citado estos dos ejemplos como muestra «de las buenas relaciones entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno del Estado».

Pinedo, sin embargo, preferiría que se creara un organismo único, con representación de todos los implicados, para gestionar el patrimonio de la ciudad. «Pero eso no es posible, porque la ley lo prohibió hace años». Él concejal se refería a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, (RSAL), de 2013, impulsada por el PP, que hace imposibles a los consorcios entre departamentos del Estado, de comunidades autónomas y de municipios. En aquellos momentos de crisis económica se quería, por encima de todo, evitar el aumento del gasto público, pero no se tuvieron en cuenta circunstancias como las que afectan a Tarragona, ya que las competencias sobre el patrimonio están repartidas entre todas estas instancias, y parece necesaria una actuación conjunta permanente, más allá de las buenas o malas relaciones que puedan tener los diversos gobiernos a lo largo del tiempo.

En cualquier caso, el concejal ha remarcado que «no peligra la declaración de Patrimonio Mundial que recibimos. En este punto no hay ningún peligro, pero necesitamos un compromiso de ciudad para garantizar que la dinámica en que estamos inmersos tenga una continuidad».

Pinedo insiste en que las actuaciones presentes se centran «en la recuperación y museización de todos los monuments«.