Diari Més

Política

El acuerdo de ERC y CUP en Tarragona prevé que el consistorio actúe judicialmente por las cargas policiales post-sentencia

El documento tendrá que ser ratificado por la militancia de ECP

Primer plano del alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), conversando con la primera teniente de alcalde, Carla Aguilar (ECP).

Las direcciones d'En Comú i Podem reiteran que el gobierno de Tarragona se romperá si ERC pacta con JuntosACN

Publicado por

Creado:

Actualizado:

El acuerdo programático en el cual han llegado ERC y la CUP con el fin de ampliar el gobierno municipal de Tarragona prevé que el consistorio se persone como acusación popular por las cargas policiales contra la ciudadanía que hubo el 1 de octubre del 2017 y durante las manifestaciones posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas catalanes. Es uno de los diferentes aspectos que se recogen en el documento, estructurado en catorce ejes, y que tendría que permitir la entrada de los cupaires al ejecutivo formado por ERC y En ComúPodem. Precisamente estas medidas las tendrá que ratificar una asamblea de los comunes, y las formaciones tendrán que negociar como quedan distribuidas las diferentes áreas del consistorio.
El texto detalla 109 medidas que las formaciones se comprometen a impulsar en los dos años que quedan de legislatura. Muchas ya habían sido acordadas el año 2019 cuando se negoció la entrada de la CUP, que no prosperó. En las últimas semanas se han añadido otros que se han pactado durante el mandato actual, ya sea vía mociones, acuerdos de presupuestos o mediante modificativos de crédito.

Además de las actuaciones judiciales en el marco de las cargas policiales, los dos partidos independentistas también han acordado crear una Oficina Municipal de Drets Civils, un aspecto que será «una de las primeras acciones a realizar con la ampliación del gobierno», se indica en el documento. Al mismo tiempo, han afianzado su compromiso en «la convivencia, la pluralidad democrática, los valores republicanos, las libertades civiles y democráticas y la memoria histórica».

En el ámbito político se recoge, por ejemplo, el compromiso de una moción que prevé «denegar el uso de equipamientos públicos y la vía pública a colectivos que inciten a la discriminación racial, étnica, cultural, de género o político, así como entidades que hagan enaltecimiento del franquismo, el nazismo, el racismo o muestras de odio a quien no piense de la misma manera».

En materia económica, destaca el incremento del peso de los presupuestos participativos, hasta un 25% del total del capítulo de inversiones. Respecto de los Juegos Mediterráneos, los partidos se comprometen a hacer públicos las cuentas, así como a hacer una «auditoría de cumplimiento y retorno social» del acontecimiento. También se estudiará la posibilidad de «municipalizar el agua» a fin de que la compañía Ematsa «se convierta en una empresa municipal pública». En el ámbito fiscal, ERC y la CUP han acordado revisar «las exenciones de IBI, incluyendo las de la iglesia;» así como «implementar una fiscalidad progresiva para quequién más tiene, pague más».

Desde el punto de vista urbanístico se apuesta para «desplegar un planeamiento que cohesione la ciudad» y se anulen «planes especulativos, como el de la Budellera o Mas d'en Sorder». Además, se ha anunciado la voluntad de hacer un parque fluvial al río Francolí en torno a la zona del Horta Gran.

tracking