El gobierno municipal negociará inversiones a cambio de la cesión de las carreteras

El Ayuntamiento de Tarragona negociará con el Ministerio de Fomento para conseguir inversiones a cambio de la cesión del segundo paquete de carreteras que el consistorio todavía ha de recepcionar. El ministerio formalizó el miércoles la cesión de 7,3 kilómetros de carreteras, la primera fase de un total de 20 kilómetros que el consistorio quiere recibir en los próximos meses, como apuntaba ayer el mismo portavoz, a Xavi Puig.

El gobierno municipal quiere «revisar» las «condiciones de negociación» que el antiguo consistorio había previsto para recibir las carreteras pendientes. La contrapartida para gestionar las vías es la construcción de dos rotondas, una en Torreforta y otra en Cala Romana. Puig todavía no ha analizado con profundidad las necesidades concretas que puede tener la ciudad, pero adelanta que, posiblemente, habrá «algún cambio» con respecto a las propuestas que hay sobre la mesa. «Las carreteras requieren mantenimiento. Si lo asumimos, lo más lógico es que haya una contrapartida en inversiones, que es lo que negociaremos con el Estado,» afirmó ayer.

Con la gestión de 28 nuevos tramos, entre ellos la avenida Roma y la avenida Andorra, que discurren por la trama urbana de Tarragona, Puig destacó que el Ayuntamiento «ganará en agilidad» a la hora de hacer inversiones o algún tipo de intervención. «No hará falta que hacemos la tramitación farragosa a través del Estado, sino que lo podremos hacer nosotros directamente», enfatizaba ayer al portavoz municipal.

La gestión completa de las carreteras permitirá al Ayuntamiento hacer cambios en la movilidad. De momento, sin embargo, las actuaciones que se quieran llevar a cabo sólo podrán ser en los tramos cedidos, en muchos casos discontinuos, de vías como la Vía Augusta.

Empresas mixtas

Por otra parte, el Ayuntamiento confirmó ayer que Ciutadans queda fuera de las empresas mixtas (el 51% del capital es público y el 49% restante, privado). El portavoz del gobierno recordó que, en las empresas Ematsa y Serfum, no tienen cabida todos los representantes políticos. «Se tiene que hacer una elección y hemos seguido un criterio de gobernabilidad», justificaba Puig. La decisión del nuevo gobierno de coalición ha provocado un gran malestar en las filas de Ciutadans, que denunciaron la situación a las redes. «Es paradójico que Pau Ricomà denunciara esta situación estando a la oposición y ahora practique su venganza», escribía el partido en un mensaje a Twitter. «No nos callarán», aseguran. «Seguimos un criterio que nos favorezca gobernar las empresas con una línea coherente y que tenga sentido con la defensa del municipio», insistía Puig. Sobre las acusaciones de la número 2 del PSC, Sandra Ramos, a través de un medio de comunicación, donde asegura que el gobierno no tiene voluntad de diálogo, Puig defendió que el Ayuntamiento siempre tendrá la puerta abierta para hablar con los socialistas y reprochó al antiguo gobierno municipal su gestión con las empresas mixtas. El portavoz explicó que en la anterior legislatura «de un día por el otro» ERC pasó de tener dos a sólo un representante. «A diferencia de lo que pasaba hasta ahora, trasladaremos los acuerdos cogidos a los diferentes portavoces de la oposición», concluyó al portavoz.