Mala fe, ilegalidades y falta de transparencia: una jurista de la URV cuestiona la tramitación del Castor

«Mala fe», «ilegalidades», falta de transparencia y de participación. Estos son los principales rasgos que marcaron la tramitación del proyecto Castor, según ha denunciado la jurista y profesora de Derecho Administrativo de la URV, Aitana de la Varga, en su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el fiasco del almacén de gas submarino en el Parlament. La experta ha citado ejemplos concretos como la repentina corrección de errores que permitió modificar los límites marítimos para que la superficie de la concesión quedara en aguas de la Comunidad Valenciana –dificultando la intervención de la Generalitat- o, de forma más evidente, el troceo del proyecto para evitar que esquivar la sumisión de algunas partes al impacto ambiental, como el gasoducto, que los tribunales han declarado como ilegal.

Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo sentenciaron como ilegal el gasoducto de conexión entre la planta terrestre del Castor y la red general: el fragmento del conducto y una interpretación interesada de la ley valenciana llevó al departamento que dirigía la secretaria de Estado por el Cambio Climático, y actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a eximir el proyecto de la evaluación de impacto ambiental.

También un juzgado de Castellón acabó declarando urbanísticamente ilegales las instalaciones del suelo. El Ayuntamiento de Vinaròs aprobó la licencia de obras en un tiempo récord entre el 23 y el 28 de diciembre de 2009. La experta ha considerado también como «desconcertante» y fruto de la «mala fe» la modificación de los límites marítimos para evitar que el proyecto quedara en aguas catalanas, llegando a apuntar la posible existencia de prevaricación.

Asimismo, ha lamentado la lentitud de las diligencias abiertas al juzgado de Vinaròs desde hace cuatro años así como también que la Audiencia Nacional haya acabado archivando la querella contra varios ministros y el empresario Florentino Pérez por el proyecto Castor presentada por la Red de la Deuda en la Globalización y la plataforma Xnet. «Es un archivo no fundamentado: no se ha dado la oportunidad de investigar los hechos que se ponen en conocimiento», ha precisado refiriéndose a este aspecto, entre otros.

De la Varga ha puesto como ejemplo de una transparencia y participación «que no existe» la salida a información pública del proyecto a principios de agosto del año 2007, un mes inhábil a casi todos los efectos. También ha recordado que se tuvo que requerir a la exconcesionaria, Escal UGS, que tradujera del inglés buena parte de la documentación para que la ciudadanía y pudiera acceder, aunque finalmente esta traducción no acabó afectando a todo el material. «A pesar de dar acceso a la información y se den 20 días para hacer alegaciones me parece que la documentación era excesiva para analizar con calma y para hacer la participación efectiva con unas alegaciones correctas», ha señalado.

Ocultación de datos y falseamiento ambiental

Desde una óptica más ambiental y técnica, el presidente del Colegio de Ambientólogos de Cataluña, Ricard Vizcarra, ha cuestionado también la ejecución de un proyecto que «nunca se tendría que haber hecho realidad» y que, al margen de los impactos sobre el medio causados por los terremotos, habría vulnerado los derechos constitucionales de los ciudadanos a la integridad y disfrutar de un entorno ambiental adecuado. Considera que la empresa y la administración tenían que conocer el peligro de riesgo sísmico y, por este motivo, considera que hay bastantes indicios para abrir una investigación sobre ocultación de datos y falseamiento del proceso de evaluación ambiental.

«Creemos que la responsabilidad de la empresa que se establece a partir del momento que no se considera ningún escenario de sismicidad significativa: los han avisado, los han dicho no corras, vigila, ve con cuidado que esta curva es peligrosa pero han ido con el pedal a fondo, no se ha formalizado ningún protocolo de actuación. Eso, según la interpretación del Colegio, es una manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación ambiental», ha criticado, para exigir al gobierno español que ponga en marcha mecanismos para recuperar la indemnización, cerrar la plataforma y volver a la situación inicial, compensar por los daños.

Vizcarra ha remarcado que los terremotos no son el problema del proyecto Castor, sino el resultado de «deficiencias y negligencias detectadas en todas las fases del proyecto pero sobre todo en la evaluación ambiental». En esta línea, ha reclamado al Parlament que apruebe la creación del cuerpo de ambientólogos de la Generalitat como herramienta clave en el futuro del país para evitar este tipo de casos.

Zona fracturada con fallas activas

Por su parte, el geólogo y coordinador del Centro de Sostenibilidad Territorial, Llorenç Planagumà, considera también muy posible que la empresa incurriera en negligencia a la hora de valorar el potencial sísmico de una zona muy fracturada donde ya se conocía la existencia de fallas activas. Incluso, de los terremotos que se llegaron a producir durante los años 70 y 80 cuando la multinacional Shell estuvo explotando el petróleo del yacimiento.

El experto ha planteado la necesidad, en este sentido, introducir nuevas herramientas de gobernabilidad, como la «mediación ambiental», para evitar que este tipo de proyectos prosperen cuando la población local o expertos no ven clara su viabilidad. «No puede existir el oscurantismo» del BOE, pero también del DOGC, ha subrayado.

Los ingenieros reclaman una auditoría

Por último, el decano decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña, Oriol Altisench, ha planteado que un cálculo erróneo de las condiciones del almacén y las presiones, hasta el punto de provocar terremotos cuando se inyectaba por debajo del teórico margen de seguridad, podría haber conducido al desastre. En esta línea, ha reclamado al gobierno español una auditoría técnica para analizar los datos y, aplicando un modelo actual, poder determinar si la empresa podía saber previamente antes de inyectar qué podía provocar y las consecuencias que de eso se derivarían.

A pesar de todo, Altisench ha defendido que no se tienen que criminalizar los almacenes de gas y que pueden resultar necesarios en un futuro siempre que se ejecuten «con todas las garantías del mundo» y los requisitos legales pertinentes.