La fiscalía pide 6 años de prisión para una funcionaria de la INSS en Tarragona acusada de malversación

La Audiencia de Tarragona juzgará, con un tribunal popular, un caso de malversación de hasta 100.000 euros en prestaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social. La principal acusada, que se enfrenta a seis años de prisión, se encargaba de la gestión de prestaciones del seguro escolar de neuropsiquiatría en la oficina de Tarragona. Según la fiscalía, la funcionaria falseó facturas y documentos médicos para que su hija se beneficiara de esta ayuda de forma fraudulenta. Además, también la acusa de haber hinchado recibos para que cinco familias más recibieran más dinero de los que les correspondían. Entre estas, hay dos madres que también están acusadas por la fiscalía como cooperadoras necesarias y que se enfrentan a cuatro años de prisión. Según el ministerio público, las dos actuaron en connivencia con la funcionaria para cobrar más dinero proveniente de los arcas públicas para sus hijos.

Según recoge el escrito de acusación del fiscal, la acusada M. trabajaba como auxiliar administrativa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social en Tarragona encargándose de la gestión de prestaciones del seguro escolar de neuropsiquiatría desde marzo del 2009, entre otras tareas.

La prestación de este seguro cubre el pago de los servicios de alojamiento y manutención en centros sanitarios, así como la asistencia psiquiátrica correspondiente por un periodo inicial de seis meses, que se puede prorrogar hasta un año y medio para periodos de seis meses. La documentación necesaria que hay que aportar para iniciar el expediente es el DNI, un certificado de abono del seguro escolar emitido por el centro y un certificado médico en modelo oficial. Y, posteriormente, las facturas.

La funcionaria, en el ejercicio de sus funciones, y «con ánimo de enriquecimiento patrimonial ilícito», tramitó el expediente de su propia hija en noviembre del 2010. La trabajadora incorporó un certificado médico oficial modificado, dado que había borrado el nombre del beneficiario real y, en su lugar, había puesto el de su hija, según la fiscalía.

Junto con este certificado, la acusada aportó facturas mensuales que no se correspondían con la realidad. En concreto, eran de un supuesto ingreso de su hija en un centro de atención terapéutica que nunca se produjo. Realmente, según el fiscal, aquellos recibos pertenecían a otros usuarios del centro que la funcionaria había alterado para que constara el nombre de su hija.

El fraude se produjo en dos periodos diferentes, hasta el 2011. Como consecuencia de estos hechos, la acusada percibió indebidamente poco más de 33.000 euros a cuenta del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Además, a fin de que otros padres beneficiarios recibieran un importe mayor en lo que verdaderamente les correspondía, la mujer hinchó las facturas que habían aportado. En concreto, estos hechos afectaron a un total de tres familias que desconocían las irregularidades y que tuvieron que retornar a 13.925 euros, 11.634 euros y 1.036 euros, respectivamente.

Dos acusadas más como cooperadoras necesarias

El ministerio fiscal también acusa -como cooperadoras necesarias- a dos mujeres por haber hinchado facturas y falseado documentación, en connivencia con la funcionaria, con la finalidad de obtener prestaciones más elevadas para sus hijos. En concreto, la acusada S. percibió indebidamente 34.180 euros provenientes de fondo públicos, para su hijo, entre los años 2010 y 2011. A su vez, la acusada I. recibió un total de 7.598 euros para su hija que tampoco le correspondían.

Según la fiscalía, estos hechos constituyen un delito continuado de malversación de dinero público, en concurso con un delito continuado de falsedad de documento público. Para la funcionaria, el ministerio público solicita una pena de seis años de prisión, el pago de una multa de más de 4.200 euros y la inhabilitación para un lugar de trabajo o cargo público durante seis años. Con respecto a las dos cooperadoras necesarias, la fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada una, 2.700 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para un lugar de trabajo o cargo público.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía solicita que las acusadas devuelvan el dinero defraudado al INSS, una cifra que en total se sube a los 100.000 euros. Dado que se trata de un caso de malversación de fondos púbicos, el juicio se celebrará con un jurado popular en la Audiencia de Tarragona.