El segundo juzgado social de Reus, a la espera de Madrid y atento a la nueva ley de eficiencia judicial

La ciudad de Reus hace años que reclama un segundo juzgado de lo social. El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, se comprometió, el pasado febrero, a trabajar para que «una de las nuevas unidades judiciales para incorporar lo antes posible sea el segundo juzgado social en la capital del Baix Camp». La competencia del nombramiento de las plazas judiciales dependerá, sin embargo, del Ministerio de Justicia. La incorporación de una sesentena de jueces por toda Cataluña tendría que producirse los próximos tres años y, por lo tanto, se espera que la situación en la capital del Baix Camp quede resuelta entre el 2025 y el 2028. Con todo, la abogacía avisa de que todo cambia con la nueva ley de eficiencia judicial.

Fuentes del Departamento de Justicia señalan que, sobre la mesa, está el compromiso del Estado, trabajado en comisión bilateral, «de la creación de una sesentena de nuevas plazas judiciales para poner Cataluña al nivel del resto del Estado». Hoy día, en el territorio, la ratio es de 10,9 magistrados por 100.000 habitantes, mientras que en España es de 11,7.

A la espera de que Madrid se pronuncie —Diari Més hay intentado contactar en repetidas ocasiones, sin embargo, al cierre de la presente edición, no ha obtenido respuesta—, el Departamento trabajará para tener «listo» el espacio y todo el personal de apoyo a este nuevo juez que, además, con la nueva Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, ocurren Oficinas Judiciales que dan servicio transversal a todos los jueces que formen parte del Tribunal de Instancia». En otras palabras, el Estado tiene la competencia para determinar las unidades judiciales, donde irán destinadas y su calendario de implantación, sin embargo, en paralelo, al ejecutivo catalán lo quiere dejar todo a punto para su llegada, tanto en el posible caso de Reus como en el resto de municipios. De hecho, ya se ha reservado el espacio para que se coloque la segunda unidad judicial, al lado del actual Juzgado 1 Social de Reus, que cuenta en estos momentos con un Juez de Adscripción Territorial de refuerzo.

Espadaler detalló que, con el cambio de estructura judicial que comporta la nueva ley de eficiencia judicial, la segunda unidad judicial ya no será «un juzgado como lo hemos conocido clásicamente, sino un segundo juez social dentro del Tribunal de Instancia de Reus». El movimiento, que permitiría sustituir al magistrado de refuerzo por una plaza estructural, pretende dar salida a la actual sobrecarga. «Trabajamos con todas las instituciones implicadas para garantizar un servicio de justicia más próximo y eficaz para toda la ciudadanía y para los operadores jurídicos», afirmó el conseller.

No obstante, con la entrada en vigor de la nueva ley, todo cambia, advierte al decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Reus, Sergi Guillén. «A partir del 31 de diciembre veremos qué pasa», señala. Guillén comenta que «es más fácil, en teoría, poner jueces que hacer juzgados», pero que «otra cosa es si la planta judicial funcionará», y es que «estamos señalando temas ya para finales del 2026». Según la Memoria del Audiencia Provincial de Tarragona correspondiente al 2023, el juzgado social de Reus está «sobresaturado» y con una carga de trabajo superior al «módulo legalmente previsto».