Más de 700 personas piden una vivienda de protección oficial en Reus: el doble que en 2019

Hasta 703 personas estaban inscritas —y las peticiones, validadas— en el Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial (HPO), gestionado por la Generalitat de Catalunya, al cierre del 2024, esperando acceder a un piso en Reus. Es el dato más elevado de la última década y, de hecho, duplica las cifras previas a la pandemia. «Es un número que no representa la totalidad del problema», alerta Guillem, miembro del Sindicat de'Habitatge de Reus (SHR).

Guillem explica que «es normal, en un contexto de crisis absoluta de acceso a la vivienda y defensa de su derecho, a que aumenten estas listas». «Si una cosa es verdad es que hay demanda de vivienda», añade. Con todo, señala que «hay más de 703 personas en Reus que la necesitan».

El representante del SHR señala que estos registros son «muy limitantes» por las condiciones que requieren, como el hecho de acreditar la residencia en un municipio de Cataluña mediante el empadronamiento, de forma que se «excluye las personas más excluidas de otras vías de acceso».

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Reus está apretando el acelerador para ampliar el parque público. En septiembre del 2024, se puso la primera piedra de la promoción de 132 pisos de alquiler social en el barrio de Mas Iglesias, que está previsto que esté terminada el verano del 2026. En paralelo, se está alzando el complejo Riera, que permitirá contar con 60 HPO más.

El proyecto tendría que estar terminado, también, el 2026, el segundo semestre. Además, ha aprobado el protocolo de adquisición por tanteo y retracto, para comprar pisos para destinarlos a alquiler social; se ha adherido al mecanismo de reserva pública de solares municipales para la construcción de vivienda asequible y ha puesto en funcionamiento el nuevo Servicio de la Vivienda.

Otras administraciones públicas tampoco están de brazos doblados. El Gobierno catalán ejecutará la regeneración del barrio del Carme, una intervención que contempla la construcción de un bloque con 27 domicilios de protección oficial. El 2030 es la fecha con que trabaja para ponerlos a disposición de la población. En los últimos años, además, ha adquirido una serie de pisos para destinarlos a alquiler social. Es ejemplo una promoción en la calle de Bernat Torroja, que ya ha permitido la instalación de las familias que lo esperaban.

Con todo, desde el SHR se considera que el problema principal no es una falta de oferta. «Creemos que es una forma de seguir redirigiendo un problema social gravísimo hacia una oportunidad más de negocio para constructores y promotores», asevera Guillem, que añade que las políticas públicas se han centrado en exceso en «regalar recursos públicos para que puedan hacer negocio» y la adquisición de bienes que «permiten garantizar el beneficio de la empresa». «Eso demuestra una falta de voluntad para dirigir el problema por donde toca», lamenta.

Por este motivo, el SHR considera que hay tres «cosas mínimas que podría hacer la administración». Por una parte, sancionar «seria y ejemplarmente todos los fraudes que hay con las regulaciones actuales». Guillem recuerda que la Generalitat no ha sancionado a ningún gran tenedor para tener pisos vacíos a pesar de estar previsto por ley. De la otra, reducir en un 50% el precio de los alquileres. Finalmente, «dejar de ser una fuerza represiva contra el movimiento de la vivienda». «Todo eso sí que podría tener un impacto inmediato», concluye.