El juez abre el juicio oral por el caso Innova de Reus con ocho encausados y dos empresas investigadas
Los abogados de los encausados tienen ahora tres meses por presentar el escritos de defensa
El titular del juzgado de Instrucción 3 de Reus, Diego Álvarez declaró, el pasado 7 de marzo, la apertura del juicio oral del denominado como Caso Innova que afectaba empresas municipales de la capital reusense. Se trata, en este caso de la pieza separada 2 y principal.
De esta manera, después de cerrar las diligencias previas, el juez considera que hay indicios de delito contra ocho encausados y también se incluye, como responsables civiles, a dos sociedades mercantiles.
De esta manera, el juez recoge las peticiones realizadas por la fiscalía y las acusaciones populares, en este caso, el Ayuntamiento de Reus y los partidos Ara Reus y la CUP.
De esta manera, lo Audiencia provincial tendrá que determinar ahora dónde se realizará la vista del juicio y que tiene como investigados a Josep Prat, Carles Manté, Jordi Batesteza, Lluís Miquel Pérez, Ester Ventura, Natàlia Torrell, José Vicente Gómez y Sergi Luqui. A todos ellos se los acusa de un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales y organización criminal.
Las empresas también incluidas en el procedimiento como responsables civiles son CCM Estrategies y Salud, SL y BBATS Consulting & Projects SLP.
También atendiendo a la petición de la fiscalía, el auto del juez establece el sobreseimiento de las actuaciones contra Sílvia Barberà, pareja de Batesteza, que figuraba como administradora de BBATS junto con su marido.
El auto, además, no establece cantidades relativas a fianzas, porque asume las que ya se han interpuesto a los acusados durante el procedimiento.
Acusaciones de la fiscalía
La fiscal atribuye al exdirector general de Innova, Josep Prat; al arquitecto Jorge Batesteza, y al exalcalde de Reus, Lluís Miquel Perez, los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias. Solicita 10 años de prisión para cada uno de ellos, además de la inhabilitación para ejercer cargo público durante 20 años y una multa de 200.000 euros.
Para los otros cinco encausados, las penas pedidas por la fiscalía son inferiores a los 10 años de prisión. Así, para la exsecretaria de Innova, Natàlia Torrell, y la exdirectora financiera de Innova, Ester Ventura, la pena es de 7 años de prisión y un total de 15 años de inhabilitación para cargo público por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
En el caso del exdirector del CatSalut y responsable de la mercantil CCM Estrategias y Salud, Carles Manté, la fiscalía le atribuye los mismos tres delitos, pero eleva la pena a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación.
Al exdirector de obras y proyectos de Innova, José Vicente Gómez, y al responsable de la UTE Euroconsult, Sergi Luqui, los acusa de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, con una pena de prisión de 9 años y también una multa de 200.000 euros a cada uno.
En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía pide que los encausados indemnicen Innova con los 720.000 euros más IVA pagados a Carles Manté y los 186.400 pagados a Batesteza a través de la empresa BBATS. Además, solicita que devuelvan las retribuciones y gastos de desplazamiento que no se correspondan con trabajos realizados.