Reus es pionera en quejas y consultas al Síndic: 274 el año 2017

La Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya recibió, en el 2017, un total de 228 quejas y 46 consultas sobre cuestiones vinculadas a Reus, ciudad «puntera» al recurrir a la institución y que concentró el año pasado 274 actuaciones, 51 más que las 223 de Tarragona. El Síndic, Rafael Ribó, ha explicado hoy en el Centre de Lectura que «normalmente, el ámbito que tiene más es el paquete social» y concretaba que «antes, la mayoría de temas tenían que ver con la burocracia, pero ahora están están emergiendo de relacionados con contaminación, ruidos, urbanismo y consumo: agua, luz y servicios de telefonía».

Esta tarde, desplazada a la capital del Baix Camp, la Oficina del Síndic ha recogido 5 quejas sobre suministros, infancia y libertades. Un 10% de las actuaciones anuales provienen de visitas a municipios, con una media de 4 semanales. Las intervenciones de más relevancia ligadas al entorno y que se llevaron a cabo en el 2017, tal como precisaba el mismo Ribó, atendían «los derechos del colectivo de Avis per la Llibertat, la zona azul entre Cambrils y Vinyols i Els Arcs, la problemática del río Siurana y los brotes de sarna en diferentes centros», aunque «la tónica es similar a la de otras ciudades de similares dimensiones». El Síndic presentaba en Reus el Informe al Parlament 2017 con una conferencia titulada La situació dels drets a Catalunya.

El informe del 1-O en el Parlamento

Rafael Ribó se ha pronunciado también sobre la presentación del informe del 1-O en el Parlament y las reacciones mostradas por algunos de los grupos en el transcurso de la sesión. En este sentido, el Síndic de Greuges apuntaba que «voy al Parlament con el honor que el mandato que tengo ahora fue en su día propuesto por todos los grupos parlamentarios, sin exclusión» y que «la primera característica que me permite expresarme con libertad, guste o no guste, es la independencia que me da este encargo de todos». «Encargo reforzado porque ni la gente que colabora conmigo ni los medios de que disponemos dependen de ningún grupo parlamentario ni estos tienen que influir», añadía Ribó, que recordaba que «algunos grupos que han estado muy satisfechos con las propuestas del Síndic en otros ámbitos estuvieron muy críticos aquel día. Y tienen todo el derecho del mundo. Sin embargo, parecía que se atendiera poco al contenido del informe».

«Entonces», precisaba Ribó, «hacía poco que había estado informando al Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de este tema, porque desde meses atrás nos pedía alguna sesión de trabajo y coincidió en que se produjo poco antes del debate al Parlament». «Es sorprendente», concluía el Síndico, «que Naciones Unidas se base en las informaciones que le puede transmitir el Síndic y confíe, y en cambio haya grupos que han propuesto al Síndic y se quieran desmarcar».

«Ni un juez ni el Síndic proponen al presidente»

En relación a la candidatura de Jordi Sànchez a la presidencia de la Generalitat, Ribó se mostraba claro: «Categóricamente, Jordi Sànchez tiene todo su derecho político vigente. Tiene sufragio pasivo y activo en plenitud. Por eso, se presentó a unas elecciones que convocó el gobierno de España. Fue elegido y todo elegido tiene derecho a ejercer su cargo y a aspirar a todo eso que se pueda deducir. Sólo el presidente del Parlament puede proponer candidatos a la presidencia de la Generalitat. Y si propone Jordi Sànchez, nadie y subrayo a nadie, juez o no juez, puede impedir que Sànchez ejerza el derecho del mandato que le han dado todos los millones de candidatos que fueron a votar». «Cuando el juez Llarena dice en el anterior auto que hay otros diputados que podrían ser candidatos y que él no lo puede ser, está entrando en un terreno absolutamente prohibido. No lo puede hacer de ninguna manera. Ni el juez ni el Síndic», aseguraba.

Sobre las banderas españolas en medio palo durante la Semana Santa en edificios oficiales de la Administración del Estado, Ribó se reafirmó en la reclamación en el Estado que pare esta práctica y decía esta tarde que «es un anacronismo total y un atentado a la laicidad de la orden establecido que a alguien se le ocurra obligar a poner en medio palo banderas por luto religioso». Por eso «me dirigí al delegado del gobierno de España para decirle que hiciera el favor de rectificar».