El Baix Penedès, entre las comarcas con menos gestión forestal planificada de Cataluña

Cataluña tiene 200.000 hectáreas de bosque más de lo que hace veinte años. Los bosques ocupan el 35% del país y, sumando las zonas de raña y otra vegetación, la superficie forestal se extiende a casi dos tercios del territorio, el 75% en manos privadas.

Los últimos años, han incrementado los planes de gestión que aplican los propietarios, pero, así y todo, sólo se gestiona una tercera parte del conjunto de bosques. Y la situación también afecta a los de titularidad pública, sólo el 37% de los cuales están planificados. Varias voces del sector afirman a la ACN que el problema no es tanto el exceso de bosque como está «olvidado» y «poco gestionado», cosa que hace crecer el riesgo de incendios. Por eso piden más inversión pública y que la masa forestal sea «rentable».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó en el Parlamento a mediados de julio que «en Cataluña hay demasiados bosques y no se gestionan». Varios agentes del sector están de acuerdo, sobre todo en el hecho de que el problema es el cuidado de la masa forestal, más que la cantidad.

El catedrático en Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida (UdL) Víctor Resco explica a la ACN que la superficie de bosques cerrados –es decir, muy densos– es de casi la mitad del territorio, un 47%. Una cifra que representa «valores récord» de los «últimos 100.000 años». Mientras que eso, según él, genera «oportunidades», también reivindica que se gestionen, porque en caso contrario, habrá más «combustible» por incendios.

Además, el exceso de bosques sin cuidar es «el principal causante de la sequía», con cada vez más agua consumida por las masas forestales. «Estamos hablando de un problema de disposición de recursos hídricos, tanto por la agricultura como para el consumo humano», añade, también remarcando que la biodiversidad se puede resentir de bosques que se cierran.

La superficie forestal crece en el último cuarto de siglo

La extensión de los bosques en Cataluña aumentó de forma considerable la primera década del siglo, cuando pasaron de un 28% (2001) a casi un 40% el año 2013. Después, han retrocedido ligeramente, hasta el 35% del territorio, 1,12 millones de hectáreas, según los datos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 2023.

La superficie forestal en conjunto (sumando rañas y otra vegetación), también ha incrementado con respecto al final de siglo, de menos de un 60% del territorio, al 64% actual. En este sentido, también han crecido las zonas de raña (del 14,9% al 21,9%), en detrimento de las áreas de otra vegetación, que han caído de diez puntos, del 16% del territorio a tan sólo un 6,7%.

En estas dos décadas y media el crecimiento de la masa forestal se ha producido en detrimento de las zonas con otro tipo de vegetación menos frondosa, y también significativamente de áreas ocupadas por el sector primario, en particular los cultivos de secano, que han retrocedido del 20% al 17% (100.000 hectáreas menos). Les zonas de regadío, en cambio, se han mantenido estables en torno al 8% de la superficie de Cataluña, y el suelo urbano, urbanizable y las infraestructuras han incrementado sólo ligeramente y hoy ocupan el 6,8% de todo el territorio.

Jordi Tarradas, ingeniero forestal y director gerente de Desbastado, la Federación Catalana de Asociaciones de Propietarios Forestales, dice que nunca sabremos si el número de bosques son pocos o demasiado, pero sí que se puede afirmar que no tiene una «estructura correcta». Eso provoca «riesgo de incendios» y pérdida de biodiversidad porque hay «mucha continuidad de bosque», opina. Como Resco, también dice que hay menos agua disponible para el consumo humano. «No es que tengamos demasiado bosque, lo que pasa es que lo tenemos olvidado y esta estructura hace que perdemos los servicios ecosistémicos que podríamos estar disfrutando como sociedad», remacha.

El gerente de Desbastado cree que la falta de gestión es básicamente por falta de recursos económicos y de rentabilidad, por un exceso de burocracia que impide un sistema «mucho más ágil administrativamente» y por falta de trabajadores forestales. «Cada vez hay menos gente que quiere trabajar en el bosque, y necesitamos profesionalizar y dignificar este sector para tener las personas que lo hagan», explica.

La presidenta de la asociación de propietarias forestales Domes de Bosc, Clara Santamaria, también afirma que hay demasiada zona de bosque y de matorrales, y sobre todo lamenta que haya «mucha masa forestal poco o nada gestionada, o mal gestionada». La líder de la entidad, la primera de propietarias forestales en el Estado, cree que tiene que haber cooperación entre los dueños de los terrenos y la administración, a quién reprocha que destina «pocos recursos» al sotobosque, mientras que los propietarios no pueden hacer frente a todo el gasto. En este sentido, explica que en presupuestos recientes de la Generalitat sólo se ha destinado «un millón y medio» para ayudar a las propiedades, aunque la masa forestal ocupa en torno a un 60% de la superficie del país.

Gestión forestal atomizada

Con datos del año 2024 recogidos por el Observatorio Forestal Catalán (OFC), cerca del 70% de toda la superficie forestal de Cataluña no está planificada, es decir, son hectáreas de bosque y raña cuyos propietarios no tienen planes de gestión a medio plazo aprobados por la administración. En el caso de los bosques privados (el 76% de la superficie forestal total y más del 95% de los bosques en la mitad de las comarcas), el 31,6% de los bosques tienen planificación actualmente; en el caso de los públicos, que son el 24% de los bosques de Cataluña, el porcentaje de territorio planificado es un poco más elevado pero no mucho, el 37%.

La estructura de la propiedad forestal privada está muy atomizada, según los datos catastrales del 2012 analizados por el Centro de la Propiedad Forestal. Les datos constatan que hay 266.060 propietarios privados y 194 de públicos –ayuntamientos, diputaciones y Generalitat de Catalunya. Así, hay un gran número de propiedades pequeñas, pero la superficie forestal está dominada por las grandes.

En concreto un 1,2% de las propiedades tienen más de 100 hectáreas de bosque, y así gestionan el 41,5% de toda la superficie. Por otro lado, el 52% de todas las propiedades forestales no llegan a la hectárea de extensión, de manera que sólo representan el 2,8% de la superficie forestal. Con respecto al 46,8% de propiedades restantes, tienen entre 1 y 100 hectáreas, y ocupan el 55,7% de la superficie forestal privada. «Un gran número de titulares forestales que por sí solos tienen un potencial de gestión forestal bajo», como apunta el mismo CPF en su análisis de la estructura de la propiedad forestal privada.

Resco deja fuera del debate sobre las causas de un incendio el hecho de que el bosque sea privado o público. «La propiedad en sí no determina el estado de gestión de aquel bosque» expresa, y dice que cuando hay un incendio en una propiedad privada, es «responsabilidad de todo el mundo que no hemos hecho los deberes». De hecho, Tarradas, de Boscat, cree que «la propiedad privada es mucho más dinámica que la pública».

Confirmando los datos, explica que «la atomización es muy grande» ya que hay mucha gente con fincas muy pequeñas. Así, Tarradas cree que «una manera de hacer eficiente la gestión es agruparse» en asociaciones de propietarios, para poder mancomunar una gestión que, de manera individual, «tiene un techo que hemos tocado hace años». Una de las tareas que llevan a cabo las asociaciones es ir a buscar a los propietarios, a quienes a veces no conocen ni los vecinos, y explicarles qué tienen, qué herramientas tienen y si se quieren adherir a planes forestales para una mejor gestión. El gerente de Desbastado calcula que entre la tarea de las agrupaciones y un esfuerzo de la administración se podría pasar del 30% al 60% de superficie gestionada.

La rentabilidad como incentivo

Uno de los motivos por los cuales las propiedades podrían ver más incentivos a planificar los terrenos es que vieran rentabilidad. Tarradas dice que es «difícil» que se pongan si «no les sale a cuenta». En la misma línea, Santamaria, de Dones de Bosc, ve «importantísimo» que las industrias que se dedican al mundo de la madera se puedan ganar la vida y que estas ganancias también repercutan en los propietarios. «La administración tendría que procurar que muchas de las construcciones públicas de escuelas fueran con madera de nuestro país y no de Francia», reivindica.

Resco va más allá en el clamor por la rentabilidad de los bosques y dice que hacen falta ayudas públicas e incentivos fiscales. «¿Por qué no quitamos el IVA a cualquier actuación que sea de prevención de combustible?», se pregunta, recordando que no habrá actuaciones para gestionar bosques si no hay ganancias.

Otras fuentes también apuntan que uno de los problemas es la falta de ejecución de los planes de gestión que elaboran los propietarios y valida la administración por el alto coste que tienen intervenciones como aclaraciones, mejora de caminos, o la contratación de seguros forestales. Existen ayudas públicas, pero algunos propietarios los consideran insuficientes. En el 2023, según datos de la memoria del OPF, la Oficina abrió 24 convocatorias de ayudas, y tramitó unos 2.404 expedientes. Además, se resolvieron 8 convocatorias cuyas principales partidas incluyen 3.484 millones de euros en ‘gestión forestal sostenible’, 90.000 MEUR para la contratación de seguros forestales contra incendios, y 4,45 millones en prevención de incendios forestales (reducción de carga de combustible y mejora de acceso a los bosques, entre otros.

Los riesgos de la falta de gestión

Les voces consultadas alertan de los riesgos de la superpoblación de bosques no cuidados. Víctor Resco, de la UdL, cree que en algunos casos los accesos que tienen las zonas forestales «se van perdiendo y no se mantienen», con el argumento que así habrá menos gente y mejorará la biodiversidad pero, según él, en la práctica eso provoca que cuando hay un incendio los bomberos no puedan acceder. Así, recomienda labrar los campos «sobre todo en zonas estratégicas desde el punto de vista de prevención de incendios». La situación se agrava en los espacios protegidos, que «queman con una intensidad 20 veces mayor» que en el resto.

Una visión compartida por Tarradas, que lamenta que la política de protección de los espacios naturales haya sido «una política de no hacer nada, de no tocar aquellos espacios». Según él, eso los hace «vulnerables», porque cuando hay un incendio, «son lugares donde no hay infraestructuras y muchas veces no hay ni bastantes caminos para entrar, y los bomberos no pueden hacer nada, sólo dejar quemar hasta que tengan la oportunidad».

Tanto él como Resco creen que hay gente que considera que talar árboles es siempre un «ecocido», mientras que plantar es «de héroes», pero a veces es al revés. «Si plantas los árboles y después te olvidas, estás plantando los fuegos del futuro», cree el segundo.

Planes de gestión privados aprobados en el 2024

Actualmente, se contabilizan 4.396 planes de gestión forestal vigentes, que suponen 498.774 hectáreas ordenadas, el mencionado 31,6% de la superficie forestal privada en Cataluña. El Lluçanès, el Berguedà, el Solsonès y el Bages son las comarcas con más superficie forestal (privada) ordenada, superior al 60% del total. En el otro extremo, la Cerdanya, el Baix Llobregat, la Noguera el Pallars Sobirà y el Baix Penedès son las comarcas con menos gestión forestal planificada, tan sólo entre un 10% y un 20%.

Con respecto a los nuevos planes de gestión aprobados en el 2024, el Centro de la Propiedad Forestal (CPF) validó 308 planes de gestión forestal presentados por propietarios, más de la mitad de los cuales son revisiones y actualizaciones de planes anteriores, que corresponden a un total de 32.218 hectáreas, según datos avanzados a la ACN. Con respecto a las actuaciones previstas comunicadas, se contaron cerca de 4.700, incluidas en más de un millar de planes de gestión.

El Alt Empordà, el Berguedà, la Garrotxa, la Noguera, el Bages, el Ripollès, el Gironès, el Solsonès, el Alt Urgell, la Selva, Osona y el Vallès Oriental, son las comarcas que presentan, por este orden, más superficie ordenada aprobada durante el 2024.

Un riesgo de incendio que se extenderá a los Pirineos por el cambio climático

Resco alerta de que, además, los incendios cada vez pueden ir a más debido al cambio climático. Según él, la duración inusual de las olas de calor de este verano serán, dentro de unos 15 años, propias de un verano que se considerará «normal» o incluso «fresquito». Así, afirma que los fuegos podrían llegar a la costa o a zonas de lleno Pirineos, donde hay «mucha más acumulación de combustible, mucha más biomasa.»

Aparte del impacto paisajístico y para los ecosistemas, el experto habla del coste de un incendio, «unos 19.000 euros por hectárea segundos los GRAF», contrapuesto con las actuaciones de prevención, que se calculan en «unos 3.000 euros por hectárea». Todavía sobre los incendios, pide a las administraciones mapas de zonas inflamables, equiparables a los ya existentes de las zonas inundables, para que la gente sea consciente del grado de riesgo a que se exponen. Otra propuesta que pone sobre la mesa es que haya más mosaico, es decir, más diversidad de espacios, con bosques, campos agrícolas, zonas con ganado, zonas de pasto o prados donde no se desarrolla ninguna actividad.