Grupos ecologistas reclaman la nulidad de la recalificación de los terrenos de los Masos en la Bisbal

El Grupo Ecologista del Vendrell y del Baix Penedès (GEVEN), las entidades Bosc Verd-EdC, Gepec-EdC, y otras agrupaciones como Unió de Pagesos, Salvem Els Masots, SOM Penedès y Som Lo Que Sembrem, reclaman la nulidad de pleno derecho de la recalificación de los terrenos de los Masos de la Bisbal del Penedès, donde se tiene que ubicar el futuro polígono industrial Les Planes del Vent.

Los activistas han presentado alegaciones al próximo pleno, previsto para el 17 de marzo, donde se tienen que aprobar la propuesta de aprobación inicial del proyecto de la empresa CODELFE 2006 SL, que pretende recalificar hasta 74 hectáreas de suelo no urbanizable para convertirlo en suelo urbano logístico-industrial. Ante eso, avisan de que presentarán una denuncia en la Oficina de Antifraude.

Según los ecologistas, el proyecto es «de interés puramente privado, de origen especulativo». Aseguran que el Ayuntamiento lo tramita en contra de lo que establece la ley de urbanismo catalana, que prohíbe la iniciativa privada de las modificaciones de planeamiento con el fin de evitar casos de especulación urbanística a iniciativa privada, como, sostienen, «es el caso de los Masots».

En un comunicado, las entidades ecologistas explican que han impugnado la forma a través de la que el consistorio quiere aprobar esta recalificación, que es mediante la modificación puntual de las normas subsidiarias del año 1984. El escrito argumenta «que se está vulnerando de forma flagrante lo que establece el artículo 95.5 de la ley de urbanismo, ya que la zona que se pretende recalificar supera ampliamente el 20% de la suma del suelo urbano y urbanizable del municipio», aseguran.

Además, subrayan que el informe aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo del Penedès el 5 de julio de 2024 recoge que esta modificación representa una alteración del modelo urbanístico y territorial previsto por el planeamiento vigente, y, por lo tanto, requiere la aprobación de un nuevo Plan de Ordenación Urbanístico Municipal.

Los activistas también argumentan que esta propuesta no cumple con el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible que regula la ley del suelo estatal y la ley de urbanismo catalana. «Este macroproyecto supone una agresión al equilibrio medioambiental y económico del municipio, ya que acabará con la actividad agraria del paraje de los Masots, además de ser un proyecto logístico que no justifica ni la reducción del paro, ni la mejora en las expectativas de renta del municipio, de calidad en la ocupación, ni mucho menos en la preservación de los recursos naturales y de los valores paisajísticos del municipio», manifiestan.

Asimismo, apuntan que el Ayuntamiento pretende aprobar inicialmente una modificación de planeamiento incumpliendo lo que dice el informe aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo. «Esta otra vulneración también implicaría la nulidad de pleno derecho del expediente, para mantener graves incoherencias con el Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona vigente, y contravenir la planificación territorial de carácter superior», añaden.

Según explican, el informe de la Comisión Territorial indica que a la extensión máxima que prevé el Plan Territorial ya ha sido agotada por los sectores de planeamiento pendientes de desarrollo que prevé las normas subsidiarias. En este sentido, informa de que hay que priorizar el desarrollo de estos sectores, y en cualquier caso, adecuar la superficie a la extensión máxima de 11,02 hectáreas que establece el Plan Territorial. «Por lo tanto, la Comisión Territorial ya ha advertido que esta nueva delimitación de un sector en el paraje de los Masots, excede las previsiones del Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona», señalan.

Urbanismo asegura que se puede continuar con la tramitación

Fuentes de Urbanismo aseguran a ACN que el informe de la Comisión recordaba que una modificación de las normas subsidiarias, como la que impulsaba el Ayuntamiento, sólo puede amparar la transformación de cierta superficie de suelo, que se calcula teniendo en cuenta varios parámetros urbanísticos. Según las mismas fuentes, la Comisión indicaba que, para transformar las 74 ha del polígono industrial, primero haría falta que el consistorio revisara su planeamiento general. Después de constatar con el Ayuntamiento que el municipio tiene diferentes urbanizaciones clasificadas como suelo urbano, las cuales no se habían tenido en cuenta en el cálculo inicial, «pueden continuar con la tramitación del documento sin tener que impulsar todo un nuevo planeamiento general del municipio».

Recusación alcaldesa y concejala

Con respecto a la solicitud de recusación presentada por el partido de la oposición La Bisbal Decideix, los ecologistas reclaman que se apruebe la recusación de la alcaldesa Agnès Ferré y de la concejala Judith Vidal. «Ella misma ha manifestado públicamente que tiene un familiar directo afectado por la recalificación, por tener una propiedad en aquel sector, por pequeña que sea, y por lo tanto tenía el deber de abstenerse en este expediente y tiene el deber de abstenerse en la votación del pleno», dicen. En el caso del edil, recuerdan que Vidal ha manifestado que tiene antecedentes vinculados a los Masots. «No es ajena a los intereses que la empresa promotora tiene en esta recalificación urbanística», afirman.

Los grupos ecologistas remarcan que hay una «relación de connivencia entre el equipo de gobierno liderado Ferré y la empresa promotora del macroproyecto logístico, CODELFE» para «favorecer» la tramitación y aprobación de esta iniciativa. Por eso, los activistas advierten en el escrito que presentarán una denuncia a la Oficina Antifraude de Cataluña si se aprueba inicialmente la modificación puntual de las normas subsidiarias.

Según ellos, el objetivo es que Antifraude investigue las «irregularidades e ilegalidades» del expediente, y «si procede, se atribuyan las responsabilidades a los funcionarios que hayan informado favorablemente» y a los cargos electos que lo hayan dirigido y que hayan votado a favor. Eso, dicen, podría ser incluido dentro del delito de prevaricación urbanística.

Finalmente, preguntan al equipo de gobierno que tenga en cuenta el resultado obtenido de la consulta popular celebrada el día 1 de septiembre de 2024, cuándo la gran mayoría de la población afectada rechazó el proyecto del polígono.