Diari Més

La Oficina Antifraude reconoce graves irregularidades en el contrato de la basura de Cunit

El ente ha archivado la denuncia por la prescripción de los hechos

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Cunit.

La CUP denuncia el Ayuntamiento de Cunit en la Oficina Antifraude por presuntas irregularidades en la recogida de la basura|malezaGoogle Maps

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Militantes de la CUP de Cunit se personaron el pasado 30 de agosto delante de la Oficina Antifraude de Catalunya para entregar una serie de documentos que «demostraban la existencia de irregularidades en el contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos que el Ayuntamiento de Cunit adjudicó, bajo mandato de Dolors Carreras (PSC), a CESPA el año 2002 y que continúa vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 después de varias modificaciones», según apunta un comunicado enviado por el partido.

La Oficina Antifraude concluye en su resolución de 2 de diciembre de 2021 que, del análisis de los hechos denunciados, se constata un «absoluto menosprecio por la normativa de contratación pública en relación con el contrato del servicio de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y de limpieza de playas adjudicado el año 2002 a la empresa CESPA y que se ha prolongado en el tiempo hasta fecha de hoy».

Antifraude también indica que en algunas de las modificaciones en el contrato, efectuadas bajo el siguiente mandato de Carreras, se han constatado «diversas y graves irregularidades como, por ejemplo, la inclusión de adendas para realizar obras que quedaban absolutamente fuera del marco normativo de contratación pública de aplicación y del objeto del contrato, entre otras irregularidades y vulneración de la normativa detectadas», continúa el comunicado.

Sin embargo, la resolución dicta que en el supuesto de que las irregularidades se pudieran derivar algún tipo de responsabilidad administrativa, disciplinaria o, hasta penal en relación con el contrato primigenio o a las modificaciones hechas entre los años 2005 y 2007, posiblemente las actuaciones a realizar decaerían por posible prescripción de las infracciones identificadas y por este motivo procede a archivar la denuncia.

Antifraude, sin embargo, solicita al ayuntamiento cunitenc que informe la Oficina sobre las medidas adoptadas o que piensan adoptar para paliar las grandes deficiencias observadas en la prestación del servicio de recogida de basura en el tiempo que queda de vigencia del contrato actual, así como de la fase en que se encuentra actualmente el procedimiento para el nuevo concurso de adjudicación de este servicio.

La CUP reprueba que tenga que ser sólo una formación política sin representación en el consistorio la que fiscalice la gestión municipal, y de que «la acción o inacción de los representantes públicos en Cunit haya llevado al municipio a esta situación». Tampoco entienden cómo, a nivel administrativo, se haya permitido llegar hasta aquí. La formación afirma que «no les sorprende que los diversos partidos que han estado y están en la oposición no hayan denunciado nunca las irregularidades, dada la alternancia de los mismos de siempre entre gobierno y oposición a lo largo de los años», y señala como especialmente culpables a las formaciones municipales del PSC, Impulsem-Junts (antes CiU), ERC y en Común Podem.

La CUP también quiere recordar que la nueva contratación del servicio la decidirán estas mismas personas y grupos políticos que han llevado la situación hasta aquí y que, hasta ahora, «lo único que han hecho ha sido incrementar en un 20% la tasa de recogida de residuos en la población en plena crisis derivada de la pandemia del Covid-19». Al mismo tiempo, añade que no hay ninguna voluntad política desde el consistorio cunitenc de municipalizar el servicio de recogida de la basura, con el ahorro y beneficios que comportaría la gestión directa del servicio, tal como ya han hecho municipios vecinos.

Finalmente, la CUP exige que los cargos públicos del municipio tengan el máximo con respecto a la población y al dinero público, que el gobierno cunitenc gestione con la máxima transparencia, participación ciudadana y de acuerdo con la normativa de contratación pública y que la oposición empiece a fiscalizar, también, la tarea del gobierno.

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